Nacional

El pasado 11 de mayo miles de trabajadores marcharon por las calles de Tampico Tamaulipas demandando un cese a la violencia desbocada que vive esta entidad. Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, etc., viven bajo situaciones de una terrible violencia, en la que el Estado no sólo se ha quedado paralizado, sino que ha demostrado una y otra vez, en cada uno de los estados, sus fuertes vínculos con el crimen organizado y por consecuencia su falta de interés de acabar con estos grupos de criminales que tienen a la población viviendo bajo condiciones de verdadera barbarie.

Los trabajadores estamos hartos de esta situación y del cinismo del gobierno mexicano. El actual gobierno priista está basado en la represión y la mentira; en hacernos creer, a través de sus televisoras aliadas o mejor dicho compradas (Televisa y TV Azteca), que en México todo va bien y que las reformas son para el bienestar de la nación. Nada más falso que eso. Intentan vendernos la idea de que en Michoacán se está acabando con los caballeros Templarios, cuando la realidad es todo lo contrario; se está acabando con los grupos de autodefensa. Se detiene al Chapo Guzmán y se nos hace creer que se combate al crimen organizado, cuando en realidad este movimiento pactado sólo fue para tratar de legitimar un poco el gobierno de Peña Nieto que va cayendo en cuanto a credibilidad de la población.

Es muy claro que todas estas acciones están lejos de acabar con los grupos del narcotráfico y por supuesto con la violencia que azota al país. Existen muchos ejemplos de esto y uno de los más claros es lo que está pasando en Tamaulipas, donde la violencia y los asesinatos han aumentado de forma preocupante durante los últimos meses, como el pasado 19 de mayo que se reportaron 16 muertos en sólo 24 horas. Esta situación ha hecho que finalmente la sociedad tamaulipeca saliera a las calles a decir ¡ya basta! En el mes de abril un grupo de personas que fueron convocadas a través de las redes sociales decide salir a marchar contra la violencia, y mientras la movilización avanzaba se iban sumando más trabajadores. Esta primera movilización fue relativamente pequeña numéricamente, sin embargo para el 11 de mayo se hace una nueva convocatoria con una respuesta magnifica por parte de la población, con una participación de más de 5 mil personas que marcharon de blanco y con pancartas muy combativas.

Tamaulipas es uno de los estados más devastados por el auge del crimen organizado, sumado a la pérdida del control territorial por los tres niveles de gobierno y por la infiltración de instituciones de seguridad pública por la delincuencia organizada. Esta zona fronteriza es una de las más cotizadas por los carteles de la droga y la violencia aumento de manera importante desde el sexenio pasado. Las confrontaciones entre cárteles rivales y la ausencia de acciones por parte del gobierno han derivado en masacres, comunidades abandonadas, desamparo generalizado y violaciones graves a los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas y ministerios públicos. Uno de los ejemplos más claros del vínculo del gobierno con los carteles de la droga, lo podemos ver en la persona del ex gobernador de dicha entidad Tomás Yarrington, que tiene acusaciones bien fundadas de lavado de dinero y vínculos con carteles de la droga. Esto lo ha declarado uno de sus más cercanos colaboradores, Antonio Peña.

Podría resultar hasta cierto punto contradictorio que Tamaulipas, siendo una de las entidades más golpeadas por el crimen organizado no haya tenido movilizaciones desde antes, sin embargo, no podemos partir de la visión mecánica de que mientras más sufre más tienes que luchar. Existen muchos factores que determinan que una comunidad o una persona decidan salir a las calles a protestar. Por supuesto que esto refleja un nivel de hartazgo, pero a veces hace falta algo, un “accidente” o un elemento que detone las cosas para que el descontento se exprese. En este momento no podemos descartar que un factor de inspiración y confianza para el pueblo tamaulipeco hayan sido los grupos de autodefensa que se han levantado en Michoacán y que han demostrado que cuando los trabajadores se unen y organizan son capaces de derrotar a esos grupos tan violentos que pareciera que son indestructibles. Sin duda alguna, los grupos de autodefensa son un ejemplo de lucha muy importante en nuestro país contra uno de los peores males que nos azotan.

Por supuesto las movilizaciones en Tamaulipas no plantean la conformación de grupos de autodefensa, sin embargo las movilizaciones de abril y de mayo son una muestra de que los trabajadores estamos hartos de la incapacidad del gobierno. Además de que esto ha permitido que los ojos de todo el mundo ahora estén también en esta entidad, dejando claro que México no es ese país maravilloso que intenta demostrar Peña Nieto. Osorio Chong plantea instalar un gabinete de seguridad para Tamaulipas, pero todos sabemos que eso no va a resolver nada. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser a nivel nacional. Tenemos que hacer un llamado a la unidad de todas las organizaciones sociales de todos los estados que está luchando contra este mal y las organizaciones de izquierda como Morena tiene que sumarse para golpear todos juntos y que nuestras movilizaciones sean más contundentes. Debemos tener claro que luchar contra el narcotráfico es luchar contra su engendrador que es el capitalismo.

Militante se ha esmerado en explicar que mientras exista el capitalismo existirán la mayoría de los problemas que ahora nos aquejan, entre ellos, la represión al movimiento social. Cuando ésto se comprende, el panorama se clarifica y se abren posibilidades para trazar un plan que combata este problema.

La represión que ejerce el Estado hacia los trabajadores es la evidencia de que el régimen es bastante débil, aunque a primera vista pareciera que es todo lo contrario. Cuando un régimen tiene fuerza, es cuando la situación económica se lo permite; pues es capaz de llegar a acuerdos e incluso de conceder algunas demandas de los trabajadores y así evitar que el movimiento se torne en líneas revolucionarias.

Lo que vemos ahora no es nada parecido a un panorama donde exista un equilibrio entre la situación económica y la política adoptada por el Estado hacia el movimiento. La crisis económica que impactó en 2009 en nuestro país no ha desaparecido y las perspectivas son claras: se prolongará por bastante tiempo y es muy probable que la situación tanto económica como política, se agrave.

Sabiendo que la política defendida por los gobiernos responde directamente a las condiciones económicas existentes, es más fácil explicarnos las políticas represivas, que no sólo el gobierno poblano de Rafael Moreno Valle (RMV) está aplicando, sino que también a nivel federal se hace de manera parecida: recordemos el 13 de septiembre, al gobierno de Mancera desalojando a la CNTE; el 1-DMX en San Lázaro; recientemente la represión contra los pobladores de San Bartolo Ameyalco, entre otro ejemplos.

Es claro lo que está pasando en buena parte del territorio mexicano: la lucha por los recursos naturales, en específico el agua. Esto, ligado con proyectos como la minería a cielo abierto, el gasoducto Morelos y la construcción de autopistas privadas, han hecho que campesinos, estudiantes, académicos y militantes de muchas organizaciones sociales levanten la voz contra estos llamados “mega-proyectos”.

Los casos más recientes, en Puebla, son los de la comisariada ejidal Enedina Rosas, a quien acusan de impedir la realización del gasoducto Morelos en la región de Atlixco, y del supuesto robo de dos celulares a empleados de la constructora italiana Bonatti; el activista Juan Carlos Flores, quien fue detenido al salir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesta “extorsión, motín, despojo y ataque a la infraestructura hidráulica durante una manifestación en la comunidad de Cuexcomac, en 2012”1; y Abraham Cordero líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada2.

También está el caso de la intimidación contra el académico de la BUAP Ricardo Pérez Avilés3 a cuyo domicilio entraron hombres armados, amenazando a su familia para que deje de apoyar la lucha en contra de los mega-proyectos.

Todo esto ha tenido repercusiones internacionales pues el caso ha llegado ante el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon; quien ha enviado una comisión para investigar el asunto4. Además la CNDH ha quedado en entredicho pues el dirigente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, Adolfo López Badillo, trabaja en complicidad con el gobierno de RMV para minimizar las agresiones a los activistas5.

Tampoco se puede dejar de lado la polémica “ley bala” impulsada por RMV, que en el mes de mayo fue aprobada por el congreso poblano, la cual legaliza el uso de armas de fuego por parte de la policía para dispersar manifestaciones sociales. Sin embargo, ésta fue cambiada por la cantidad de críticas recibidas6.

Es muy sintomático que este tipo de leyes se empiecen a proponer, pues habla de que la burguesía está consciente que un auge en la lucha de clases es inminente debido a la política que están aplicando y también debido a que la economía no apunta a una pronta recuperación7. Es decir que, saben que las movilizaciones sociales en un futuro no muy lejano serán de mayor alcance debido a la carestía de vida que existe entre la población y que la única forma de contenerlas es mediante la represión armada.

Para defender nuestros derechos democráticos y nuestros recursos naturales, confiar en instituciones burguesas como la ONU o la CNDH es un camino poco fructífero. ¡Ni un gramo de confianza en la burguesía ni sus instituciones; el único camino es la lucha en la calles!

Lo anterior ratifica que la lucha de clases está más viva que nunca y que las tesis marxistas son más viables que nunca: es necesario que los trabajadores organizados luchemos por transformar la sociedad, pues el capitalismo sólo nos ofrece violencia, miseria, hambre y explotación.

¡Adelante por el socialismo!

¡Defendamos nuestros derechos de libre expresión!

¡Por la liberación de los presos políticos!

1) http://www.proceso.com.mx/?p=370425

2) http://municipiospuebla.com.mx/nota/2014-04-08/huejotzingo/detienen-abraham-cordero-opositor-al-arco-poniente-y-gasoducto-morelos

3) http://e-consulta.com/nota/2014-04-30/sociedad/condena-buap-actos-intimidatorios-contra-perez-aviles-y-lo-respalda

4) http://www.proceso.com.mx/?p=370425

5) http://revoluciontrespuntocero.com/como-aniquilar-los-derechos-humanos-en-puebla-cortesia-de-moreno-valle/

6) http://www.proceso.com.mx/?p=372844

7) http://militante.org/node/2444

En las próximas semanas se aprobarán las leyes secundarias que acaban de dar el tiro de gracia a la industria energética nacionalizada. No hay adjetivos suficientes para calificar el saqueo contra las conquistas más importantes de la Revolución Mexicana: la nacionalización de la tierra y el petróleo. Aun cuando el carácter proletario de la Revolución de 1910 fue aniquilado y sus más grandes logros fueron puestos al servicio del desarrollo del capitalismo mexicano, fue inevitable que generaciones enteras de obreros y campesinos tomaran parte de las riquezas obtenidas con la lucha. La apertura de la explotación petrolera, antes monopolizada por el Estado, acordada en el legislativo el 12 de diciembre del 2013 a favor de la burguesía, no sólo acaba con estos triunfos históricos, también marca un punto crítico en el declive de la economía burguesa nacional. Los que ostentan el control económico y político del país no han sabido hacer otra cosa que dilapidar las victorias que el pueblo trabajador arrancó a los imperialistas más salvajes. Con ello, una vez más, han depositado en el proletariado la necesidad de recuperar, defender y profundizar esos avances.

La reforma privatizadora del 2013

El conjunto de reformas aprobadas a finales del 2013 en las cámaras de diputados y senadores fueron el primer paso hacia franca privatización de los energéticos. El aspecto más importante de esta reforma es que elimina la exclusividad de las empresas paraestatales para producir y distribuir petróleo y sus derivados, gas, electricidad y energía nuclear (reforma al artículo 27 y 28). Si bien desde hace décadas y sobre todo a partir de la reforma promovida por Calderón en el 2008, un sinfín de empresas privadas participan con Pemex y CFE usufructuando ganancias millonarias, esta reforma deja por fin las manos libres a los consorcios burgueses para hacer sus negocios.

Otro aspecto clave de la reforma es que la administración de Pemex y la CFE así como la política energética pasa a manos de organismos (Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía) que siendo públicos gozarán de “autonomía”. Con ello las decisiones fundamentales de estas empresas serán tomadas por un puñado de “expertos” designados en buena medida por Peña Nieto. El esquema será bastante similar al del extinto IFE o al del Banco de México, instituciones públicas totalmente independientes, pero únicamente de los intereses de la mayoría de la población, porque el conjunto de sus decisiones están totalmente subordinadas a los intereses empresariales. A todo ello la propaganda oficial le llama democratización de las instituciones.

Por otro lado, de ahora en adelante Pemex y CFE tendrán que competir con las multinacionales más poderosas del petróleo y la electricidad para producir. Estarán obligadas a presentar proyectos que ofrezcan una rentabilidad mayor a la que podría ofrecer un consorcio transnacional, únicamente de esta manera los organizamos reguladores “independientes” les otorgarán concesiones. Como veremos más adelante, no se trata de una “sana competencia” sino de continuar asfixiando, saboteando y robando descaradamente a Pemex y CFE para demostrar la superioridad de las empresas privadas. No es casualidad que las empresas competidoras estén dirigidas por ex secretarios de energía, ex directores de Pemex e incluso ex presidentes de la República que han hecho todo lo posible por dinamitar a las entonces paraestatales. Por si faltara algo más, los organismos reguladores, dada su “independencia”, únicamente serán auditables por sí mismos. Ni el congreso, ni cualquier otra instancia podrá hacerles rendir cuentas; serán juez y parte, sátrapas protegidos.

El tiro de gracia: las leyes secundarias

Producto de la presión social y de los conflictos inter burgueses, la reforma del 2013 no pudo establecer todas las reglas del saqueo. Quedaron pendientes para éste año definiciones fundamentales de la privatización, que serán votadas durante los partidos de la selección mexicana en el mundial de Brasil. Al mismo tiempo que en los meses recientes ya se están concretando los primeros pasos de la misma.

Ronda Cero: Por única vez, Pemex tiene preferencia para solicitar las áreas donde considera producir. Por ello a finales de marzo planteó respecto a la producción de petróleo quedarse con el 100% de las reservas garantizadas (1P); con el 83% de las reservas probadas y probables (2P) donde existe un 50% de probabilidades para encontrar hidrocarburos. Solicitó apenas el 70% de las reservas probables, probadas y posibles (3P) donde existe un promedio de efectividad del 10%. Por último, solicitó la mísera cantidad de 31% de las reservas prospectivas que al mismo tiempo son las más difíciles de cuantificar.

Según los cálculos ofrecidos por la Secretaría de Energía, Pemex rechazó para su explotación tan sólo por concepto de las reservas 2P (las menos debatibles) 7,480 millones de barriles de petróleo. Para hacernos una idea aproximada de las ganancias que de ello se obtendría habría que multiplicar cada uno de esos barriles por 90, que es la cantidad de dólares que en promedio se obtienen como beneficio por la venta de cada barril. Cabe señalar que este beneficio se obtiene restando el pago de insumos y maquinaria, deuda y pago de intereses a las transnacionales que trabajan actualmente en Pemex, es decir que ellas extrayendo directamente el petróleo incrementarían aún más esas ganancias.

Vale la pena advertir que las reservas de crudo son un verdadero secreto de la élite política y empresarial. Los datos que oficialmente se publican son en realidad una aproximación muy a modo, no digamos ya para el ciudadano común y corriente sino incluso para el poder legislativo, mismo que no conoce la información ni siquiera de la producción existente. Así lo expreso Luis Sánchez, miembro del PRD y ¡vicepresidente de la mesa directiva del senado!: “Hasta el día de hoy el Congreso no tiene conocimiento de cuántos son los pozos petroleros que se han descubierto y cuáles son los que están en operación. Se venció el plazo y no tenemos esa información” (Proceso. 23 de marzo de 2014)

Para continuar, Carlos Zepeda, titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dejó en claro que para otorgar las concesiones a Pemex, ésta tendrá que demostrar que puede hacerse cargo de los procesos productivos sin alianzas con otras empresas. Para evidenciar la trampa, la burda farsa que esto representa, basta considerar las declaraciones de la ex secretaría de energía Georgina Kessel que en 2008 afirmó que alrededor del 70% de las actividades de exploración y producción de Pemex las realizan empresas contratistas (La Jornada. 11 de noviembre 2008). Los mismos que han mermado a Pemex son los que ahora mismo le piden “demuestre” su valía y si no puede, pues que abra paso a los privados.

Así la prensa resumió la posición del máximo responsable de la CNH: “Zepeda aseguró que luego de la Ronda Cero quedarán suficientes zonas de aguas someras y terrestres, donde se encuentran las reservas de petróleo más asequibles de explotar en el corto plazo, para que empresas extranjeras, y sobre todo, mexicanas puedan participar” (www.cnnexpansión.com) ¡He aquí la independencia del comisionado! Que por cierto también se ha dado tiempo de lanzar exhortos tan vomitivos como el siguiente: “Como CNH le hemos pedido a todos en México que confíen en nosotros, somos gente capacitada, y no sólo hablo por mí, si por todos mis compañeros comisionado, vamos a hacer un trabajo totalmente transparente, somos anti-corruptos e incorruptibles, entonces tengan confianza en que vamos a hacer un buen trabajo” (El Financiero. 22 de mayo de 2014).

Régimen Fiscal de Pemex: Un elemento clave a definirse en las leyes secundarias es el porcentaje de impuestos que Pemex tendrá que pagar al físco. Para mayor descaro la propuesta de Peña es mantener la carga impositiva entre el 65% y 72% hacia Pemex, al mismo tiempo que para las compañías privadas será del 30%. Estas es la “igualdad” de condiciones y la “sana competencia” que pregona el gobierno.

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo: Las leyes secundarias reglamentan la existencia de un fondo donde irán a parar los impuestos cobrados a Pemex. Estos recursos en primera instancia se destinarán al gasto corriente del presupuesto federal. Se estima que éstos equivalgan al 4.7% del PIB. Una vez que las aportaciones de Pemex excedan esta cantidad, se acumularán en un sub fondo, llamado “de largo plazo”, el cual hipotéticamente servirá para financiar proyectos de inversión en infraestructura, ciencia y tecnología y becas universitarias que impulsen el desarrollo petrolero nacional. Este sub fondo, sin embargo, no podrá ser utilizado hasta que no sea superior al 3% del PIB.

Lo que hay detrás de este “fondo” es la intención de justificar un saqueo de proporciones inconmensurables de las reservas petroleras. Tomemos en cuenta que cobrando directamente impuestos a Pemex, esta aportó en promedio el equivalente al 2.5% del PIB durante el sexenio de Salinas, el 2.8% con Zedillo, el 3.8% con Fox (donde se alcanzó el record histórico en los precios internacionales y en el volumen de petróleo extraído) y el 5.8% durante el gobierno de Calderón (donde creció considerablemente la carga impositiva). Para que ahora los ingresos provenientes del petróleo que se cobrará a Pemex y a otras tantas empresas privadas represente tan si quiera el 4.7% del PIB en un año, la única manera en que esto se puede lograr es aumentando considerablemente el volumen de producción. Agreguémosle que de ninguna manera existe un límite a la recaudación y explotación del recurso no renovable, pues para ello existe la zanahoria llamada “fondo de largo plazo”; “el premio” por maximizar la cuota del saqueo.

La perspectiva de Peña es replicar lo que hizo el PAN con la minería en sus primeros diez años en la presidencia. Se calcula que en ese periodo fue extraído el doble de oro que durante los 300 años que duró la época de La Colonia (La Jornada 14 de noviembre del 2011). Esa es la apuesta de Peña. Por ello la legislación secundaria omite totalmente limitar o cuando menor regular la extracción del crudo, regulación que hasta ahora había existido.

Energía eléctrica: Respecto a la generación de electricidad, igualmente que con el petróleo, se privilegiará a las empresas que sean capaces de venderla a precios más competitivos. Estos tendrán prioridad a la hora de suministrarla por medio de las líneas de transmisión públicas. Con ello se les exenta a las empresas privadas de invertir y amortizar en un área que no es rentable, misma que se financiara del presupuesto del Estado.

En términos generales la CFE ha sido víctima de los mismos métodos fraudulentos que afectan a Pemex.

Tratados internacionales: La reforma energética anuló los acuerdos del TLC, en los cuales se dejaban la resolución de litigios comerciales en el área de los energéticos en el ámbito de la legislación mexicana. Ahora las demandas de las empresas transnacionales contra cualquier institución estatal se sancionarán en “tribunales internacionales”, donde evidentemente la influencia de los países imperialistas es apabullante.

Por otro lado, una vez que en 2012 se levantaran las restricciones para explotar los yacimientos fronterizos del Golfo de México, ahora la legislación secundaría asigna únicamente como obligatoria una participación de Pemex en el 20% del territorio explotado. Es decir que de uno y otro lado de la frontera podrán operar las transnacionales yanquis. Eso sí, con mucho ética, para declarar puntualmente su nivel de producción del lado mexicano y pagar sus impuestos correspondientes.

Consecuencias de la privatización: El declive del capitalismo mexicano

La privatización definitiva del petróleo tendrá consecuencias profundas en los cimientos de la economía. En cierto sentido marca el fin de toda una época para la burguesía mexicana, la cual no pudo aprovechar el petróleo y la electricidad nacionalizados como una palanca para desarrollar sus propios intereses más allá de un límite estrecho. Jamás pudo cumplir el sueño que abrazan los reformistas de izquierda, de erigirse como una potencia económica capitalista basada en sus caudalosos recursos naturales. Aunque además de la nacionalización de los energéticos la burguesía con otros puntos de apoyo tan importantes como la nacionalización de la banca, los ferrocarriles, la tierra, del monopolio estatal del comercio exterior, entre otros, todos ellos no fueron factores suficientes para romper la dependencia del capital proveniente de los países imperialistas.

La burguesía mexicana después de experimentar una etapa de desarrollo fuertemente apoyado por la sustitución de importaciones, aplicando un programa nacionalista burgués, terminó una vez más ocupando un sitio nada especial como satélite del imperialismo yanqui. Este proceso aunque se ha producido de manera gradual en por lo menor los últimos 30 años, su tendencia ha sido únicamente en esa dirección.

El hecho de que el capitalismo a nivel nacional no haya logrado romper con las ataduras imperialistas, no impidió que una exigua minoría de empresarios lograra acaparar cantidades tan inconmensurables de capital de forma tal que ahora mismo sean capaces de competir con otras transnacionales, incluso de capital norteamericano o europeo, en cuanto a los recursos que ostentan. Los casos aunque son contados existen, y son los beneficiarios de las privatizaciones de los años ochenta y noventa. Son los grupos Alfa, Carso, ICA, Gruma, Banorte y Televisa, por citar los más conocidos, los que acumularon los escombros del fracaso del modelo burgués nacionalista. Son ellos los que han alentado la privatización de Pemex, porque aspiran a quedarse con una tajada enorme de sus ganancias. Sin embargo, su propia debilidad en cuanto parte de un capitalismo nacional débil, lleva a estos consorcios a ceder parte de estas ganancias a las transnacionales del petróleo. Asumen, en cierto sentido, el mismo papel de rapiña contra la economía nacional como si fueran cualquier otra multinacional. Es por ello que no reparan en la quiebra que podrían ocasionar del conjunto de la economía.

No sería descartable que en la orgía de beneficios que todas las empresas privadas e incluso la burocracia del estado espera apropiarse con la destrucción de Pemex, las cosas se les salieran de las manos y detonaran la manifestación de la crisis profunda en que se encuentra el conjunto de la economía.

Se debe considerar que desde el año 2000 la política del gobierno ha sido acumular reservas internacionales (dólares) en el Banco de México. Estas reservas han servido para varios propósitos: a) Como garantía de pago ante préstamos solicitados a la banca internacional (FMI, Banco Mundial, etcétera). b) Como elemento que mantiene estable y alto el precio de la moneda, es decir ha evitado la devaluación del peso frente al dólar. Con ello el gobierno ha logrado colocar bonos de deuda con los cuales financiar el gasto público prometiendo una tasa de interés incluso más alta que la ofrecida por el gobierno norteamericano. c) Como elemento de especulación, en tanto se crea la ficción de que si la economía mexicana recibe cuantiosos préstamos de la banca mundial, ofrece tasas de intereses jugosas por la compra de bonos del Estado, entonces se deduce que en México hay una economía fuerte y próspera, donde vale la pena realizar inversiones.

El problema a saber está en que la base de toda esta ficción se encuentra en las famosas “reservas internacionales” (RI). Mismas que han sostenido el 99% de su crecimiento en los excedentes de divisas que generan las ventas de petróleo. Por ejemplo, hasta el mes de mayo del presente año “de los 9,767 millones de dólares que han contribuido al blindaje de la economía mexicana (léase RI), Pemex aportó 9,270”, cantidad que representa el 95%. (www.regeneración.org). El hecho de que ahora el gobernador del Banco de México hable del excesivo nivel de reservas internacionales y de sus potenciales consecuencias negativas para el país (Ver: Reservas internacionales superan óptimo del FMI en www.terra.com.mx), es congruente con el hecho de que estas no podrán seguir acumulándose al nivel que lo han hecho en los últimos catorce años. Con la privatización de los ingresos de Pemex la burguesía está dinamitando el pilar especulativo que con muchas dificultades le permite mantener la economía entre la delgada línea del estancamiento y la recesión.

Las RI han sido claves para sortear las presiones especulativas de los “capitales golondrinos” evitando la devaluación del peso. Por ejemplo, tan solo durante el mes de mayo del 2012, el BM tuvo que sacar de sus arcas 365 millones de dólares, poniéndolos en venta para frenar la devaluación del peso (El antecedente previo de ese tipo de intervención del BM en los últimos años únicamente se había producido durante la crisis del 2009). Con todo y ello, al 1 de junio del 2012 la moneda nacional terminó depreciándose un 10% frente al dólar. Los efectos de los ataques especulativos contra la economía nacional, atendiendo a la lógica capitalista, hubieran sido mucho más profundos y con peores consecuencias de no ser por la cuantía de las RI.

Pero además, los ingresos de Pemex son los que han permitido financiar el déficit de la balanza comercial. México no podría importar la cantidad de productos que van desde alimentos básicos hasta insumos industriales, sino fuera por la cantidad de dólares que Pemex inyecta a la economía.

Los sectores dominantes de la burguesía nacional, sin distingo de los monopolios extranjeros, ya se frotan las manos con la privatización del petróleo. Su actitud es temeraria en cuanto a las consecuencias que puede ocasionar desviar los recursos de Pemex a sus bolsillos. En última instancia es probable que confíen en que a pesar de una crisis tan profunda como la de 1995 o la del 2009, ellos salgan fortalecidos de la misma, a costa del decaimiento de los sectores periféricos de los empresarios, pero sobre todo a costa de la miseria del pueblo trabajador. Minusvaloran las consecuencias políticas de un escenario de esa naturaleza. Con las organizaciones políticas de izquierda, paralizadas y desorientadas, se encuentran embriagados con la perspectiva de acometer el robo del siglo. En el camino podrían cortar la rama sobre la que están parados. Apostar a repararla si eso ocurre es jugarse un albur y hacia ese escenario arrastran a todo el país.

Consecuencias de la privatización en el nivel de vida de la clase trabajadora

La burguesía sabe que captar la misma cantidad de impuestos por la venta de petróleo como lo hacía antes de la reforma privatizadora es más propaganda que una perspectiva viable. Considerando que Pemex aporta el 30% del presupuesto anual del gobierno, una caída aunque fuera gradual de estos ingresos tendría consecuencias directas sobre un sinfín de áreas del presupuesto público. Adelantándose a esa perspectiva es que el gobierno lanzó el año pasado la mentada Reforma educativa, liberando con ello al Estado de la responsabilidad de financiar el presupuesto educativo. Pero ello es claramente insuficiente, la reducción de ingresos puede ser tan drástica y además verse alimentada por otros factores, como está ocurriendo con la disminución de los precios internacionales del petróleo, que tienen que avanzar a paso de gigante.

No es ninguna sorpresa que los recortes se sigan produciendo en el gasto social: reducción del presupuesto a la salud, combate a la pobreza, apoyos al campo, etcétera. Adelgazaran el presupuesto público con el despido y precarización de trabajadores al servicio del Estado. No perderán la oportunidad para liquidar a un buen número de trabajadores de la CFE y de Pemex, se estima que alrededor del 60% de la plantilla actual. Incluso en otras áreas como la policía ya hay despidos masivos (2mil agentes de la policía federal). Todos los derechos conquistados estarán en la mira. El escenario es el de una oleada de recortes y subida de impuestos permanente. Ya han anunciado que las gasolinas aumentarán de precio de forma controlada hasta el 2025, después de esa fecha los incrementos se producirán conforme los dicte el mercado.

La perspectiva para los campesinos pobres es aterradora, como si no fuera suficiente con la apropiación y despojo masivo de tierras por parte de las mineras, la nueva legislación plantea que las empresas privadas de la energía tendrán prioridad en la posesión del suelo. Por ello los que fueran dueños de “predios, instalaciones o derechos, como el de vía, están obligados a pactar la compra o renta de los mismos, de lo contrario, desde el gobierno se los impondrán” (La Jornada 11 de mayo del 2014). El gobierno será intermediario, promoverá tres intentos de conciliación entre las partes, en caso de no haber acuerdo establecerá las condiciones en favor de las empresas. Veremos versiones modernas de la Guerra del Yaqui. Los ataques a las comunidades campesinas indígenas ya se están produciendo.

La nueva legislación también contiene la promesa de envenenar masivamente a la clase trabajadora. En la medida en que se aprobó el método de extracción del gas de lutitas conocido como “fraking” que implica contaminar grandes extensiones de tierras así como mantos freáticos, es un hecho que la enfermedad y la muerte por envenenamiento llegarán en cuestión de tiempo. Hay información de que este método ya se está practicando en Tamaulipas.

Sobran razones para luchar

La actitud claudicante y rutinaria de prácticamente todos los dirigentes de izquierda, con honrosas excepciones como la CNTE, las Policías Comunitarias y las Autodefensas, es en estos momentos uno de los principales factores que animan a la burguesía a saquear el país a manos llenas.

Desde el punto de vista de los trabajadores y la juventud no faltan sino sobran razones para luchar. Pero ya quedó demostrado con la aprobación de la reforma privatizadora de diciembre pasado que por más descontento que haya, por más oposición que exista contra el régimen; la espontaneidad no es una fórmula que invariablemente resuelva la debilidad organizativa de los trabajadores y la juventud. La espontaneidad existe y existirá al margen de cualquier movimiento organizado, sin embargo, no puede ser un sustituto del mismo; en el mejor de los casos puede ser su complemento. La clase trabajadora no tiene más camino que organizarse en líneas revolucionarias a pesar de que los obstáculos no solo se le impongan desde el campo enemigo, sino desde la izquierda misma. Invitamos a todos nuestros lectores a formar una corriente revolucionaria dentro de Morena, los sindicatos y la juventud para combatir al capitalismo.

Gracias la campaña muy tenaz que hemos lanzado por la restitución de nuestra compañera Luisa Salazar, hemos logrado que la rectoría de un paso hacia atrás destituyendo a uno de los representantes estudiantiles que, no sólo incumplía con el reglamento para pertenecer al Consejo académico, sino que además se plegaba a las arbitrariedades y ataques de las autoridades en contra de la organización de los estudiantes y sus luchas. Ello es una muestra clara de la corrección de nuestra campaña y de que la lucha organizada puede echar atrás los ataques contra los trabajadores y los jóvenes.

De muchos centros de estudio hemos recibido mensajes de apoyo y actos de solidaridad con los compañeros del CEDEP de la UAM-I, al que pertenece la compañera Luisa: compañeros pegando carteles el UAM-A, lo mismo que en la UAM-X; desde la FES Aragón, una campaña de pega de carteles y saloneo, además de las muestras de unidad con esta lucha por parte de los maestros de la sección 9 de la CNTE. Todo ello ha aglutinado a una capa importante de estudiantes en la UAM-I y en otras universidades que se han adoptado esta lucha no sólo con el objetivo de que Luisa regrese a ser representante, sino porque esa representación pueda ser utilizada como una herramienta de apoyo en la organización estudiantil en lucha por mejoras en las condiciones de estudio y de vida. Para muchos jóvenes en la UAM-I ha quedado claro en los saloneos que la destitución de nuestra compañera, además de arbitraria y autoritaria, es una ataque a la comunidad en su conjunto y que si las autoridades decidieron dar ese paso, son capaces de aplicar toda una gama de maniobras por frenar la organización estudiantil para intentar mermar aún más sus condiciones de estudio. Por ejemplo al dejar pendiente la apertura del segundo piso de la cafetería, o al mantener el costo exorbitante de la reposición de la credencial.

Pero lo importante de esta campaña ha sido también que ha sacado a flote una serie de ataques contra la dignidad y derechos democráticos de los estudiantes que buscan organizarse. Muestra de ello ha sido que la intimidación, el acoso y las faltas de respeto que han recibido las compañeras Luisa y Horeb Medina (actual representante) por parte de los representantes lacayos de las autoridades, esquiroles que atacan no sólo a los representantes que de verdad luchan por mejoras en la UAM-I, sino que ni siquiera atienden las demandas de sus representados. Como los compañeros de Hidrobiología que padecen del abusivo cobro de los autobuses para prácticas escolares, mientras su representante se codea con sus amigos de rectoría y da la espalda a sus representados. O peor aún, el caso de los compañeros de Sociología que, al momento de elegir a sus representantes ante el Consejo divisional, sufrieron de un fraude ¡avalado y perpetrado por el mismo representante estudiantil de la División de Ciencias Sociales!

No obstante, incluso entre los profesores que han dado la espalda a la lucha por las mejoras en las condiciones de estudio, se pueden ver este tipo de ataques. Como la arrogancia, insultos y vejaciones que el anterior coordinador de la licenciatura de matemáticas lanzó contra los compañeros estudiantes de esta carrera en una reunión que realiza trimestralmente. ¡Basta de ataques a la dignidad de los estudiantes! ¡Somos personas, hijos de trabajadores y merecemos el respeto por parte de profesores y autoridades!

El paso siguiente en esta lucha es lograr extender la lucha a todos los estudiantes de la UAM-I que toda la comunidad conozca el ataque y las repercusiones que ello puede tener para la actuales condiciones de estudio. La difusión, volanteo y pega de carteles continuará, al igual que el desarrollo de la campaña con otros representantes que sí apoyen la lucha estudiantil, tanto en la misma UAM-I, como en otras unidades. Hemos visto que esta lucha sirve y puede llegar a más jóvenes y trabajadores; tras el mitin que los compañeros del CEDEP encabezamos el pasado 21 de mayo, las autoridades prefirieron destituir a uno de sus lacayos para mostrar una careta democrática y evitar que las protestas continúen. Sin embargo ha sido la presión de la comunidad, los jóvenes conscientes que luchan de manera organizada lo que realmente ha destituido a este representante. Este es apenas un round de la batalla, en la cual debemos mantenernos firmes, extenderla y ligar esta demanda por toda una serie de consignas que los estudiantes de la UAM hemos reclamado constantemente. Si las autoridades nos ven unidos, y golpeando todos juntos, se pensarán dos veces antes de atacarnos. Por ello invitamos a todos los compañeros al mitin que llevaremos a cabo el próximo 12 de junio a las 14:00 hrs. Frente al kiosko de la UAM-I.

¡Por la restitución de la compañera Luisa Salazar como representante estudiantil ante el Consejo Académico!

¡En defensa de los derechos democráticos y la organización de los estudiantes! ¡Alto al hostigamiento contra las organizaciones que luchan!

Descarga el volante y ayúdanos adifundirlo

La contaminación del aire es la primera causa de muerte en México por factores medioambientales y la novena causa en términos generales. En 2010 hubo 20 mil 500 decesos por esta causa.

Según Enviromental Performance Index, los mexicanos ocupamos en este año el lugar número 64 de 115 países más contaminados. El reporte “Urbanoutdoor air pollutiondatabase”, publicado por la OMS, el Valle de México, Monterrey y Mexicali son las ciudades mexicanas entre las urbes más contaminadas del mundo. Incluso la UNAM asegura que nuestros niveles de contaminación podrían asimilarse a los de China.

Al mismo tiempo los agrotóxicos también juegan su papel, hay investigadores que afirman que los índices de cáncer en México han aumentado a partir de 1989 y esto esta vinculado a dichos químicos, la situación es tan grave que se registró como la segunda causa de muerte del país (más de 40,628 muertes). El índice de personas con cáncer de estómago en la ciudad de Comitán y en la Costa de Chiapas ha ubicado en primer lugar a nivel mundial en esta enfermedad. Ello se debe a que en la región se utiliza el líndano (plaguicida) para matar piojos y atacar la sarna de los cerdos. Incluso la IARC ha clasificado al líndano como un posible carcinógeno.

Otros casos de contaminación

El río Temascatío, colindante con río Lerma, es uno de los ríos más contaminados de México. Este ha generado un problema de salud pública como migrañas, afecciones de garganta, problemas en la piel, en el sistema digestivo y ojos. Además, la mezcla de los desechos, tan diferentes, de las industrias han provocado dos incendios en tan sólo 6 meses debido a altas concentraciones de petróleo arrojadas por diversas industrias establecidas en torno al río (Pemex, Cemex, CFE, Covemex, Danone, etc.

A su vez en el rio Grijalva, principal productor de energía hidroeléctrica en el país, se retiraron 700 toneladas de basura a la altura del Cañón del Sumidero en los 8 primeros meses de 2013; esto según registros de la Dirección Regional Frontera Sur de la CONANP.

El Arroyo Alamar, uno de los tributarios del Río Tijuana, ubicado en la vertiente pacífica de Baja California en México y el sur de California en los EEUU, fue incluido por el Almanaque Gráfico de México como uno de los 20 ríos más contaminados del mundo y uno de los escasos suministros de agua con que cuenta la ciudad de Tijuana. En 2012 el gobierno municipal, en conjunto con el gobierno estatal y federal, inició la construcción de vialidades intentando así conectar la vía rápida de Tijuana con la carretera a Tecate, incluyendo la canalización de la tercera sección del rio Alamar lo que atenta contra el ecosistema.

Sin embargo muchas veces, si no es que toda vez que los medios de comunicación hablan sobre este tema tan alarmante, se expresan como “los seres humanos estamos provocando los problemas ambientales”, con ello solo tratan de ocultar a los verdaderos responsables. El gran peso de esta responsabilidad la tienen las grandes empresas, que en ningún momento han detenido la producción para cuidar el medio ambiente o los recursos naturales. Las grandes empresas no invierten en tecnología que evite la contaminación porque elevan los costos de producción y reduce sus beneficios económicos. Por otra parte los gobiernos son totalmente incapaces de generar programas que erradiquen seriamente los problemas de contaminación derivados de la urbanización. De hecho los asentamientos irregulares no son la expresión del conformismo y la inconsciencia de quienes ahí viven, sino la expresión de la pobreza que ha generado el capitalismo. Una política seria de cualquier gobierno tendría que implicar regulación a las industrias, pero eso es morderse la cola. Con todo esto somos la clase trabajadora quienes pagamos los platos rotos.

Contra la contaminación

La movilización de organizaciones sociales frente a esta situación ha logrado que proyectos que afectan al medio ambiente y a los recursos naturales del país no se concluyan. Metales y Derivados en Tijuana es uno de los sitios de desechos tóxicos en los estados mexicanos fronterizos, anteriormente era una fábrica maquiladora estadounidense que reciclaba baterías importadas de este país hasta que en 1994 se clausuró por la lucha de la comunidad de Chilpancingo de Tijuana que denuncio por problemas de salud y violaciones a la ley medioambiental. A pesar de ello quedaron en el predio 23 mil toneladas de desechos tóxicos de los cuales 7 000 son toneladas de plomo. Finalmente, en 2004, la Coalición de Justicia Ambiental y la comunidad acordaron con el gobierno mexicano la limpieza del lugar, la cual concluyó en 2008. Ahora esta agrupación lucha para echar atrás el proyecto del arroyo Alamar. “El proyecto de canalización destruiría cualquier posibilidad de que pudiera subsistir el ecosistema.”

Las luchas contra proyectos de este estilo, que intentan destruir recursos naturales y contaminar sin control es correcta, sin embargo debe reconocerse que la causa del problema medioambiental solo puede erradicarse enfrentando a las grandes empresas que lo generan y presionando a los gobiernos locales y federales. Es decir que se debe enfrentar al capitalismo que, lejos de generar empleos bien pagados y con prestaciones, provoca la destrucción de nuestros ríos, mares, desiertos y bosques. Una lucha así necesita de la unidad entre estas organizaciones que defienden el medio ambiente y los grandes sindicatos y partidos de izquierda, luchando hombro con hombro, con la movilización en las calles, pues es la única que puede vencer cualquier injusticia y vencer al puñado de gente que domina el planeta, y como consecuencia obtener el mejor de los cuidados a los recursos naturales y medio ambiente.

La derecha ha ganado las elecciones de este 2014 en Panamá. La presidencia fue ganada por Juan Carlos Varela, vicepresidente actual del país, del partido Panameñista con un 39.2% de los votos; Cambio Democrático (CD), con José Domingo Arias obtuvo 32.07%; los dos son partidos vinculados a los intereses del imperialismo estadounidense. La participación fue de un 75% y a decir del Presidente del Tribunal Electoral las votaciones se realización “absolutamente en paz, y con un extraordinario civismo".

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), con Juan Carlos Navarro, es identificado por un sector de los trabajadores como un partido de izquierda vinculada a la histórica posición antiimperialista promovida por Omar Torrijos en los años 70 y 80, sin embargo la dirección del partido no ha mantenido una política de ruptura con los intereses del capitalismo. Pese a ello alcanzó el 27.62% de los votos, de hecho en las encuestas previas a la jornada el PRD se presentaba como uno de los favoritos para ganar la contienda. De haber tenido una política clara y consecuente con los intereses de los trabajadores el PRD habría ganado la presidencia generando mayor confianza en los trabajadores e impulsando la lucha social a un nivel mayor.

El Frente Amplio Democrático (FAD) es un partido reciente construido por organizaciones sociales y sindicatos, los votos que captó fueron de apenas el 0.69%. El error de la dirección del FAD es que a pesar de que sus sindicatos han marcado un claro ambiente de lucha, su programa no rompe claramente con el capitalismo. En su congreso constitutivo (2013) uno de sus dirigentes declaró: "Somos una fuerza antineoliberal fundamentalmente que no nos planteamos el socialismo o derribar el capitalismo, pero sí solucionar los grandes problemas sociales".

Los resultados electorales son una pequeña imagen de la situación real en Panamá, en sí mismos demuestran la debilidad de la derecha, pero no reflejan lo inestable de la situación. De hecho Juan Carlos Varela, presidente electo, ha tenido que llamar a un gobierno de unidad reconociendo la fragilidad del ambiente político que se refleja en un gran contexto de movilización y lucha entre la base trabajadora y campesina, pero también en rupturas y conflictos entre la misma clase dirigente.

Dubái en Latinoamérica

El crecimiento económico de Panamá es uno de los más poderosos en Latinoamérica, de ello no hay duda. Del año 2008 al 2013 ha crecido en promedio 8.3% y para 2014 se pronostica que mantendrá con casi un 7%. En toda Latinoamérica el empleo ha sido duramente golpeado, pero en el caso de Panamá hoy día se habla, según las cifras oficiales, de un ambiente de “pleno empleo”. Oficialmente en 40 años Panamá registra la cifra más baja de desempleo. El saliente gobierno de Martinelli no ha dejado de presumir sus grandes índices de inversión pública, sus programas sociales, la reducción de la pobreza, los grandes índices de competitividad y la mejora de los salarios. Él mismo se ha encargado de calificar a Panamá como el “Dubai de Latinoamérica”, la derecha panameña se ha tomado muy a pecho aquella frase de que “nunca dejes que una verdad te arruine una buena historia”.

Los índices de empleo están maquillados burdamente, cerca del 50% de los trabajadores están en el sector informal, sin prestaciones sociales, sin derechos de jubilación. Es cierto que el promedio salarial en Panamá es superior al resto de América Latina, pero eso es un espejismo. En los últimos cuatro años los salarios han perdido el 40% del valor adquisitivo al mismo tiempo que la inflación en los precios de los alimentos se ha elevado al 42%, por ello es necesario, según algunos economistas, que el salario mínimo sea de mil 500 dólares para solucionar las necesidades básicas, sin embargo la mitad de los trabajadores actualmente recibe un salario base que va de entre 200 a 600 dólares mensuales. De hecho Panamá es uno de los países con mayor desigualdad social en todo el continente americano.

Estos datos son parte del combustible que alimenta la rabia social y que destruye todo ese discurso falso y absurdo que Martinelli y el resto de la derecha panameña quiere construir.

Huelgas, movilizaciones y rebelión

El voto al PRD es el voto de los trabajadores para tratar de imponer una política de izquierdas en el país, los errores de la dirección durante la campaña y en los recientes años pasados impidieron el triunfo. Pero es la lucha en las calles la que demuestra realmente el ambiente de inestabilidad del régimen panameño.

Pocos días antes de las elecciones terminó la huelga del sindicato de la construcción (Suntracs) que aglutina a cerca de 100 mil trabajadores, la exigencia fue un incremento salarial de 80% frente al 21% que ofrecía la patronal. Los dirigentes sindicales afirmaron que la huelga impactó el 98% de las obras de construcción que es un sector clave de la economía e incluso logró frenar las obras de ampliación del canal de Panamá, que además ya había sido parado por problemas financieros en febrero pasado. Después de dos semanas de intensa lucha los trabajadores lograron arrancar un 35% de incremento salarial a cuatro años, es decir un promedio de 9% anual.

El descontento social es mayor aún, desde mediados de abril los profesores volvieron a salir a las calles para exigir un incremento salarial. Cerca de 20 mil maestros en 15 organizaciones sindicales protagonizaron la huelga que se mantuvo incluso el día de las elecciones y terminó hasta el 23 de mayo con un triunfo que implica un incremento de 150 dólares a su salario, más otros 150 dólares que serán entregados después de una evaluación. Además de ello el gobierno de derechas se vio obligado a pagar los salarios caídos y se comprometió a no realizar ninguna actividad de represión laboral. El año anterior los profesores también protagonizaron otra huelga que duró poco más de un mes y logró derrotar los planes privatizadores en educación impulsados por el presidente Martinelli. Los trabajadores de la salud también protagonizaron luchas en el 2013, de finales de septiembre a principios de noviembre, lucharon contra la Ley 69 cuyo fin era el de profundizar los ataques privatizadores en la materia. Es cierto que ninguna de estas luchas se ha cerrado con un triunfo contundente, pero cada una de ellas ha sido una escuela política para las masas explotadas que anuncia poderosos estallidos sociales en el futuro.

Martinelli se mantuvo en el poder sostenido por alfileres, en el 2012 la lucha contra la Ley 72 que ponía a la venta parte del territorio y creaba un gobierno particular con leyes particulares despertó una poderosa rabia social. Ni la represión, ni los engaños, ni las provocaciones pudieron frenar el ambiente de insurrección en aquel octubre. Esta ley era una de las leyes más ansiadas por el actual gobierno al que le significaría un jugoso negocio, pero bastó poco más de una semana para que el congreso, que originalmente la había aprobado con menos de 35 minutos de discusión, acabara dando pasos atrás. Todos los diputados se vieron obligados a votar por la derogación de la ley y luego a los pocos minutos el presidente puso su firma aceptando una profunda derrota.

Los resultados electorales no deben confundir a nadie, si bien la derecha triunfó en esa jornada en realidad se trata de un triunfo frágil y con un carácter muy formal. El suelo que pisa el nuevo presidente Varela se resquebraja peligrosamente. Lo más importante es ver que en cada lucha, el proletariado panameño ha fortalecido sus organizaciones, ha puesto a prueba a sus dirigentes y a sus propias fuerzas, esto crea condiciones para enfrentar directamente la fuente de todos los problemas: el capitalismo.

Es en el año 2002 que el programa “progresa” por situaciones de un mal manejo desaparece y da lugar un a un nuevo programa social con el objetivo de dar apoyo a las familias en condiciones de pobreza extrema, así nace el programa “oportunidades”, orientado al desarrollo de la educación, salud y a la alimentación del sector más marginado de nuestro país.

A inicio del mes de mayo la secretaria de desarrollo social, María del Rosario Robles Berlanga manifestó que el programa “oportunidades” excluirá a las familias con más de tres hijos. Es en un poblado llamado Los Encinos, Nayarit, dónde declara durante la apertura de un comedor comunitario lo siguiente: “No piensen que por tener más hijos van a tener más oportunidades, oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas, así es que no se me equivoquen, no me hagan cuentas” (Transcripción de SEDESOL). Es decir, Rosario Robles cree que tener hijos para las madres indígenas se traduce a un negocio, situación totalmente descabellada, ella misma dice que mensualmente las familias reciben un apoyo alimenticio equivalente a 640 pesos al mes, además, haciendo cuentas se reciben 115 pesos mensuales por niño de 0 a 9 años, es decir un aproximado de tres pesos diarios, en ese sentido su argumentación de que las mujeres hacen negocios con sus propios hijos no tiene validez alguna, simplemente niega el derecho de decidir cuantos hijos tener a las familias, imponiéndoles una decisión sin su consentimiento violando sus derechos humanos y discriminando a las familias indígenas, así como también deja mucho que decir de la comprensión que se tiene de la “idea” de la familia que hay en comunidades dónde se vive del campo.

Los reclamos a estas declaraciones fueron tan fuertes al grado de que la misma Rosario Robles retrocedió al no ver otra salida, declarando básicamente que cometió un error en la forma de expresarse, que simplemente fue un mal entendido y que tal programa no excluye a ninguna familia siempre que necesite de este apoyo, cabe recalcar que en el comunicado de prensa dado a conocer por la SEDESOL el pasado 7 de mayo, en el punto tres dice lo siguiente:
“En las reglas de Operación de dicho programa se disponen los montos máximos que puede recibir una familia que hoy es de 1710 pesos para educación básica y 2415 para la media superior, y se  establece que el componente relacionado con el apoyo infantil será hasta de tres hijos”. Con ello la secretaria se apoyó, pues dijo sólo haber hecho énfasis de las condiciones preestablecidas en el programa.

La realidad es que ante la crisis económica de nuestro país la burocracia, con la intención de defender sus intereses y su posición, se ha dado a la tarea de recortar el presupuesto en programas sociales, y por ello tratan de justificar los recortes. Pero las declaraciones no solo justifican el ataque económico a los sectores más golpeados, también dejan ver el profundo desprecio que la clase dominante tiene hacia estos sectores. Priistas, panistas, empresarios, “chicos bien” y toda esa gente de la “alta sociedad” suele usar palabras y frases como “asalariados”, “muertos de hambre”, “guarachudos”, “pata rajadas”, “naco” para referirse a la gente que para ellos son “valen poco”. Este desprecio es tan común que se puede ver, a manera de broma, en los medios de comunicación en horarios familiares; personajes como el “vitor”, la “nacaranda” y otros hacen burla de la música, de la vestimenta, del lenguaje que usa el proletariado y los indígenas. A este mismo sentimiento de desprecio corresponden las escenas videograbadas de las llamadas “leidi” de Polanco, PROFECO, Roma y tras más. Y si los asesores políticos de Peña Nieto no trabajaran día y noche, para evitar las tonterías de él y sus hijos, seguramente no dejaríamos de escuchar frases como aquella tan célebre de Paulina Nieto que se refirió a la “prole” de una manera totalmente grosera.

La pobreza extrema que vivimos en nuestro país es total responsabilidad de la mala administración que hay en la economía del país y del capitalismo en sí mismo, existen la riqueza material para cubrir las necesidades de las comunidades en pobreza extrema, y por tanto en lo material sin pretexto alguno se debe de dar atención a todas las familias pobres. Pero además de ello exigimos respeto y un trato digno, palabras que son incapaces de comprender porque creen que siempre dominaran la sociedad.

TUXTLA GUTIÉRRREZ, Chis. (apro).-Indígenas de la Comunidad de Bienes Comunales Zona Lacandona tomaron oficinas judiciales y administrativas en el municipio de Ocosingo, para exigir la liberación del maestro rural Gabriel Montoya Oseguera, la regularización de tres poblados en la región y la expulsión de la investigadora Julia Carabias de la reserva ambiental donde trabaja actualmente.
 
Los manifestantes cerraron la presidencia municipal de Ocosingo, así como oficinas de juzgados del Poder Judicial del estado y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras, para llamar la atención del gobierno estatal y federal.

Asimismo exigieron la anulación del convenio que desde hace dos décadas permite la ocupación de los centros Estación Tzendales y Estación Biológica Chajul a organizaciones de empresarios y grupos liderados por Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente en el sexenio de Ernesto Zedillo, que realizan bioprospección y buscan mantener el control de los recursos ambientales en la Selva Lacandona.
En la protesta participó alrededor de 80% de la población que conforma los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, habitantes de los centros poblacionales Nueva Palestina y Frontera Corozal.
Dichos grupos ya poblaban la selva, cuando en 1971 el gobierno federal entregó las más de 600 mil hectáreas de esta región a 66 familias lacandonas. Su negativa a ser expulsados de la región les permitió ser reconocidos como parte de la Comunidad Lacandona. Sin embargo, les restringieron el derecho a ser nombrados como presidentes de la comunidad.
Después de 40 años, estos grupos de origen tzeltal y chol hicieron prevalecer su mayoría y nombraron a Emilio Bolom Gómez como presidente de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, el 15 de mayo pasado.
A este nombramiento se oponen las organizaciones que tienen millonarias inversiones en proyectos operados principalmente por Julia Carabias, así como el gobierno de Chiapas y un grupo de lacandones.
Según la denuncia de tzeltales y choles, el gobierno de Manuel Velasco Suárez inició procesos penales contra los asesores y líderes del movimiento.
Uno de ellos es Gabriel Montoya, a quien policías estatales detuvieron el pasado 14 de mayo, por su presunta participación en la toma de la alcaldía de Altamirano hace 13 años, según informó la Procuraduría de Justicia en un comunicado.
En protesta por esta acción, comuneros mantienen desde el pasado 15 de mayo una manifestación en el crucero que conduce a la comunidad Nueva Palestina en la zona lacandona.
Los indígenas difundieron la denuncia en la que se narran los hechos y acusan a la exfuncionaria federal Julia Carabias de desestabilizar la zona y dividir a las comunidades. En el documento exigen la nulificación del convenio donde los lacandones le permiten seguir operando en la selva.

El pasado 21 de mayo, alrededor de una centena de pobladores de San Bartolo Ameyalco (en la delegación Álvaro Obregón, D.F.) se enfrentaron a un operativo de alrededor de dos mil policías del gobierno del DF que intentaban imponer una obra para instalar tuberías que vulneran los manantiales del pueblo. A sabiendas del repudio del pueblo, la obra ya había sido detenida por los vecinos el 14 de febrero, los trabajadores del Sistema de Aguas reanudaron obras escoltados por policías. Como respuesta, los pobladores de San Bartolo tocaron las campanas de la iglesia para llamar al pueblo a agruparse y defender su derecho al agua. Esto detonó una serie de enfrentamientos, monta de barricadas y horas tensas entre los policías y los pobladores. Dejando la jornada finalmente un saldo de alrededor de 150 heridos y al menos 5 pobladores detenidos.

Algo relevante de este acontecimiento es que, por más que el enfrentamiento fue entre dos mil elementos de la policía y un centenar de pobladores, al día siguiente del enfrentamiento Mancera reconocía que había 101 policías heridos y que 32 debieron ser hospitalizados (y al menos dos siguen en el hospital). Este dramático resultado nos dice mucho sobre la situación actual del balance de fuerzas en el país. Desde la llegada del PRI a la presidencia, se ha vuelto cotidiano que toda protesta sea respondida por oídos sordos de la autoridad y despliegues de miles de granaderos. Forzando a los cuerpos policiacos a sobrepasar sus capacidades y empujándolos una y otra vez a golpear a sus hermanos de clase. El único modo de mantener este ritmo, donde los cuerpos armados son lo único que permite al gobierno seguir lanzando son reformas anti-obreras, es engrosando más y más las filas de corporaciones como la de granaderos. Para esto se ha recorrido a una política de constante contratación, cosa que ha hecho que miles y miles de desempleados que hasta hace unos meses trabajaban en el sector productivo hoy son parte de las fuerzas armadas del estado. Por otro lado, también se han apoyado de integrar de improviso a otras corporaciones, como policías de tránsito o bancarios, a los granaderos. Esto lleva a que los cuerpos de granaderos que son mandados a enfrentarse a las manifestaciones no solamente estaban hasta hace poco del otro lado de las vallas, sino que la mayoría de las intervenciones han sido desorganizadas. La falta de entrenamiento y planeación ha llevado a que esto se sustituya con acuartelamiento de miles de policías que son puestos de improviso con cascos y escudos a enfrentar manifestaciones. Esto se ve en que los granaderos actúan de forma desorganizada, reflejando más odio y coraje generado por el acuartelamiento que intervenciones planeadas. Si uno pone atención a las manifestaciones de los últimos meses, podrá ver esta falta de organización y actitud errática entre los cuerpos policiacos. De ahí que una centena de pobladores decididos y organizados hubieran podido derrotar a granaderos que los superaban 10 a 1.

El hecho de que los pobladores de San Bartolo pudieran enfrentar a la policía en condiciones tan desfavorables nos muestra que el pueblo organizado puede enfrentar la política de macanazos y oídos sordos de la autoridad. Que si nos organizamos el estado no podrá frenar nuestro derecho a protestar. Ahora claro, otro elemento importante que tener presente es el hecho de que los policías actuales no hace mucho fueran trabajadores (por la antes mencionada política de reclutamiento indiscriminada). Los acuartelamientos de los que hablé se apoyan en martillarle a los policías la idea de que los “anarquistas” son infiltrados que quieren simplemente agredirlos y banalizar. Si acompañado de la organización, el movimiento se plantea la tarea de contrarrestar este trabajo de adoctrinamiento de los acuartelamientos a partir de dirigir un discurso político claro a la policía, podremos no solamente vencerlos sino también hacer que las propias tropas se dividan y se nieguen a atacar contra sus hermanos de clase. Ejemplos de esto ya pueden verse por todo el mundo.

En fin, después del enfrentamiento, el gobierno de la ciudad insiste en que los pobladores que han salido a luchar en defensa de sus derecho no son más que títeres de los piperos; justificando con esto que siguen sus obras. Al día siguiente del enfrentamiento, los pobladores de San Bartolo hicieron una asamblea donde decidieron desconocer al delegado de Álvaro Obregón Leonel Luna; reconociendo como única autoridad a la asamblea del pueblo.

Mientras los pobladores de San Bartolo siguen su lucha y el gobierno se niega a escuchar sus exigencias y se contenta con reiterarles que la obra es por su propio bien, los acontecimientos del día 21 y posteriores son una escuela de cómo podemos enfrentar a este gobierno que se niega a escuchar nuestros reclamos. Si San Bartolo pudo, nosotros también. La lección es muy clara, formando comités de lucha en nuestras escuelas, barrios y centros de trabajo podremos contrarrestar la política represiva del gobierno e incluso quebrarla desde su propio interior. En el camino para transformar la sociedad, San Bartolo es una muestra heroica del camino a seguir.

¡El agua no es una mercancía, es un derecho!

¡Si San Bartolo puede, nosotros también!

En asamblea desarrollada el pasado 26 de mayo en la localidad costera de Caleta de Campos, el Doctor Mireles declararía que: “La guerra no ha terminado, mediáticamente para una parte del gobierno federal ya terminó la guerra, ya se tomaron la foto con algunos líderes, porque esos no son autodefensas”. Lo señalado por el líder de las legítimas autodefensas es revelador respecto a la realidad de terror que aún domina a la mayor parte de Michoacán y a propósito de las perspectivas del movimiento armado. Las contradicciones que dieron como resultado al movimiento armado no se han resuelto, pero por el contrario se han agudizado a consecuencia del papel del Estado como abierto esquirol favoreciendo a los narcos y dividiendo a las autodefensas para tratar de desarmarlas y derrotarlas.

Si bien para su estrategia el Estado ha logrado corromper a un sector de dirigentes cuyo pasado (e incluso presente) los liga con el narco, por otro lado un sector mayoritario y ligado a Mireles, se han mantenido firmes en la lucha. Sobre el movimiento de autodefensas michoacanas, contrario a lo que pretende hacer creer Peña, lejos está de haberse dicho la última palabra y la asamblea de Caleta de Campos es un claro ejemplo de ello. Para contribuir con el movimiento de las autodefensas y a la vez colaborar con las diferentes iniciativas cuyo objetivo ha sido el de romper el cerco informativo impuesto a las acciones de las legítimas autodefensas,  Militante pone al alcance de sus lectores el video publicado en YouTube por los camaradas de Grillonautas2,  quienes se han encargado de darle una ejemplar cobertura al movimiento de las autodefensa; en dicho vídeo se exponen los 26 minutos del discurso del Dr. Mireles dirigiéndose a los pobladores de Caleta de Campos. Confiamos en que ésta clase de materiales gráficos servirán para dotar de argumentos a los trabajadores y combatir con ellos la campaña de desinformación y calumnias lanzada desde los grandes medios masivos de información al servicio de los ricos, contra las autodefensas.
Atentamente
Comité de redacción

Dr. Mireles: La Guerra no ha terminado