Nacional

Gracias la campaña muy tenaz que hemos lanzado por la restitución de nuestra compañera Luisa Salazar, hemos logrado que la rectoría de un paso hacia atrás destituyendo a uno de los representantes estudiantiles que, no sólo incumplía con el reglamento para pertenecer al Consejo académico, sino que además se plegaba a las arbitrariedades y ataques de las autoridades en contra de la organización de los estudiantes y sus luchas. Ello es una muestra clara de la corrección de nuestra campaña y de que la lucha organizada puede echar atrás los ataques contra los trabajadores y los jóvenes.

De muchos centros de estudio hemos recibido mensajes de apoyo y actos de solidaridad con los compañeros del CEDEP de la UAM-I, al que pertenece la compañera Luisa: compañeros pegando carteles el UAM-A, lo mismo que en la UAM-X; desde la FES Aragón, una campaña de pega de carteles y saloneo, además de las muestras de unidad con esta lucha por parte de los maestros de la sección 9 de la CNTE. Todo ello ha aglutinado a una capa importante de estudiantes en la UAM-I y en otras universidades que se han adoptado esta lucha no sólo con el objetivo de que Luisa regrese a ser representante, sino porque esa representación pueda ser utilizada como una herramienta de apoyo en la organización estudiantil en lucha por mejoras en las condiciones de estudio y de vida. Para muchos jóvenes en la UAM-I ha quedado claro en los saloneos que la destitución de nuestra compañera, además de arbitraria y autoritaria, es una ataque a la comunidad en su conjunto y que si las autoridades decidieron dar ese paso, son capaces de aplicar toda una gama de maniobras por frenar la organización estudiantil para intentar mermar aún más sus condiciones de estudio. Por ejemplo al dejar pendiente la apertura del segundo piso de la cafetería, o al mantener el costo exorbitante de la reposición de la credencial.

Pero lo importante de esta campaña ha sido también que ha sacado a flote una serie de ataques contra la dignidad y derechos democráticos de los estudiantes que buscan organizarse. Muestra de ello ha sido que la intimidación, el acoso y las faltas de respeto que han recibido las compañeras Luisa y Horeb Medina (actual representante) por parte de los representantes lacayos de las autoridades, esquiroles que atacan no sólo a los representantes que de verdad luchan por mejoras en la UAM-I, sino que ni siquiera atienden las demandas de sus representados. Como los compañeros de Hidrobiología que padecen del abusivo cobro de los autobuses para prácticas escolares, mientras su representante se codea con sus amigos de rectoría y da la espalda a sus representados. O peor aún, el caso de los compañeros de Sociología que, al momento de elegir a sus representantes ante el Consejo divisional, sufrieron de un fraude ¡avalado y perpetrado por el mismo representante estudiantil de la División de Ciencias Sociales!

No obstante, incluso entre los profesores que han dado la espalda a la lucha por las mejoras en las condiciones de estudio, se pueden ver este tipo de ataques. Como la arrogancia, insultos y vejaciones que el anterior coordinador de la licenciatura de matemáticas lanzó contra los compañeros estudiantes de esta carrera en una reunión que realiza trimestralmente. ¡Basta de ataques a la dignidad de los estudiantes! ¡Somos personas, hijos de trabajadores y merecemos el respeto por parte de profesores y autoridades!

El paso siguiente en esta lucha es lograr extender la lucha a todos los estudiantes de la UAM-I que toda la comunidad conozca el ataque y las repercusiones que ello puede tener para la actuales condiciones de estudio. La difusión, volanteo y pega de carteles continuará, al igual que el desarrollo de la campaña con otros representantes que sí apoyen la lucha estudiantil, tanto en la misma UAM-I, como en otras unidades. Hemos visto que esta lucha sirve y puede llegar a más jóvenes y trabajadores; tras el mitin que los compañeros del CEDEP encabezamos el pasado 21 de mayo, las autoridades prefirieron destituir a uno de sus lacayos para mostrar una careta democrática y evitar que las protestas continúen. Sin embargo ha sido la presión de la comunidad, los jóvenes conscientes que luchan de manera organizada lo que realmente ha destituido a este representante. Este es apenas un round de la batalla, en la cual debemos mantenernos firmes, extenderla y ligar esta demanda por toda una serie de consignas que los estudiantes de la UAM hemos reclamado constantemente. Si las autoridades nos ven unidos, y golpeando todos juntos, se pensarán dos veces antes de atacarnos. Por ello invitamos a todos los compañeros al mitin que llevaremos a cabo el próximo 12 de junio a las 14:00 hrs. Frente al kiosko de la UAM-I.

¡Por la restitución de la compañera Luisa Salazar como representante estudiantil ante el Consejo Académico!

¡En defensa de los derechos democráticos y la organización de los estudiantes! ¡Alto al hostigamiento contra las organizaciones que luchan!

Descarga el volante y ayúdanos adifundirlo

La contaminación del aire es la primera causa de muerte en México por factores medioambientales y la novena causa en términos generales. En 2010 hubo 20 mil 500 decesos por esta causa.

Según Enviromental Performance Index, los mexicanos ocupamos en este año el lugar número 64 de 115 países más contaminados. El reporte “Urbanoutdoor air pollutiondatabase”, publicado por la OMS, el Valle de México, Monterrey y Mexicali son las ciudades mexicanas entre las urbes más contaminadas del mundo. Incluso la UNAM asegura que nuestros niveles de contaminación podrían asimilarse a los de China.

Al mismo tiempo los agrotóxicos también juegan su papel, hay investigadores que afirman que los índices de cáncer en México han aumentado a partir de 1989 y esto esta vinculado a dichos químicos, la situación es tan grave que se registró como la segunda causa de muerte del país (más de 40,628 muertes). El índice de personas con cáncer de estómago en la ciudad de Comitán y en la Costa de Chiapas ha ubicado en primer lugar a nivel mundial en esta enfermedad. Ello se debe a que en la región se utiliza el líndano (plaguicida) para matar piojos y atacar la sarna de los cerdos. Incluso la IARC ha clasificado al líndano como un posible carcinógeno.

Otros casos de contaminación

El río Temascatío, colindante con río Lerma, es uno de los ríos más contaminados de México. Este ha generado un problema de salud pública como migrañas, afecciones de garganta, problemas en la piel, en el sistema digestivo y ojos. Además, la mezcla de los desechos, tan diferentes, de las industrias han provocado dos incendios en tan sólo 6 meses debido a altas concentraciones de petróleo arrojadas por diversas industrias establecidas en torno al río (Pemex, Cemex, CFE, Covemex, Danone, etc.

A su vez en el rio Grijalva, principal productor de energía hidroeléctrica en el país, se retiraron 700 toneladas de basura a la altura del Cañón del Sumidero en los 8 primeros meses de 2013; esto según registros de la Dirección Regional Frontera Sur de la CONANP.

El Arroyo Alamar, uno de los tributarios del Río Tijuana, ubicado en la vertiente pacífica de Baja California en México y el sur de California en los EEUU, fue incluido por el Almanaque Gráfico de México como uno de los 20 ríos más contaminados del mundo y uno de los escasos suministros de agua con que cuenta la ciudad de Tijuana. En 2012 el gobierno municipal, en conjunto con el gobierno estatal y federal, inició la construcción de vialidades intentando así conectar la vía rápida de Tijuana con la carretera a Tecate, incluyendo la canalización de la tercera sección del rio Alamar lo que atenta contra el ecosistema.

Sin embargo muchas veces, si no es que toda vez que los medios de comunicación hablan sobre este tema tan alarmante, se expresan como “los seres humanos estamos provocando los problemas ambientales”, con ello solo tratan de ocultar a los verdaderos responsables. El gran peso de esta responsabilidad la tienen las grandes empresas, que en ningún momento han detenido la producción para cuidar el medio ambiente o los recursos naturales. Las grandes empresas no invierten en tecnología que evite la contaminación porque elevan los costos de producción y reduce sus beneficios económicos. Por otra parte los gobiernos son totalmente incapaces de generar programas que erradiquen seriamente los problemas de contaminación derivados de la urbanización. De hecho los asentamientos irregulares no son la expresión del conformismo y la inconsciencia de quienes ahí viven, sino la expresión de la pobreza que ha generado el capitalismo. Una política seria de cualquier gobierno tendría que implicar regulación a las industrias, pero eso es morderse la cola. Con todo esto somos la clase trabajadora quienes pagamos los platos rotos.

Contra la contaminación

La movilización de organizaciones sociales frente a esta situación ha logrado que proyectos que afectan al medio ambiente y a los recursos naturales del país no se concluyan. Metales y Derivados en Tijuana es uno de los sitios de desechos tóxicos en los estados mexicanos fronterizos, anteriormente era una fábrica maquiladora estadounidense que reciclaba baterías importadas de este país hasta que en 1994 se clausuró por la lucha de la comunidad de Chilpancingo de Tijuana que denuncio por problemas de salud y violaciones a la ley medioambiental. A pesar de ello quedaron en el predio 23 mil toneladas de desechos tóxicos de los cuales 7 000 son toneladas de plomo. Finalmente, en 2004, la Coalición de Justicia Ambiental y la comunidad acordaron con el gobierno mexicano la limpieza del lugar, la cual concluyó en 2008. Ahora esta agrupación lucha para echar atrás el proyecto del arroyo Alamar. “El proyecto de canalización destruiría cualquier posibilidad de que pudiera subsistir el ecosistema.”

Las luchas contra proyectos de este estilo, que intentan destruir recursos naturales y contaminar sin control es correcta, sin embargo debe reconocerse que la causa del problema medioambiental solo puede erradicarse enfrentando a las grandes empresas que lo generan y presionando a los gobiernos locales y federales. Es decir que se debe enfrentar al capitalismo que, lejos de generar empleos bien pagados y con prestaciones, provoca la destrucción de nuestros ríos, mares, desiertos y bosques. Una lucha así necesita de la unidad entre estas organizaciones que defienden el medio ambiente y los grandes sindicatos y partidos de izquierda, luchando hombro con hombro, con la movilización en las calles, pues es la única que puede vencer cualquier injusticia y vencer al puñado de gente que domina el planeta, y como consecuencia obtener el mejor de los cuidados a los recursos naturales y medio ambiente.

La derecha ha ganado las elecciones de este 2014 en Panamá. La presidencia fue ganada por Juan Carlos Varela, vicepresidente actual del país, del partido Panameñista con un 39.2% de los votos; Cambio Democrático (CD), con José Domingo Arias obtuvo 32.07%; los dos son partidos vinculados a los intereses del imperialismo estadounidense. La participación fue de un 75% y a decir del Presidente del Tribunal Electoral las votaciones se realización “absolutamente en paz, y con un extraordinario civismo".

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), con Juan Carlos Navarro, es identificado por un sector de los trabajadores como un partido de izquierda vinculada a la histórica posición antiimperialista promovida por Omar Torrijos en los años 70 y 80, sin embargo la dirección del partido no ha mantenido una política de ruptura con los intereses del capitalismo. Pese a ello alcanzó el 27.62% de los votos, de hecho en las encuestas previas a la jornada el PRD se presentaba como uno de los favoritos para ganar la contienda. De haber tenido una política clara y consecuente con los intereses de los trabajadores el PRD habría ganado la presidencia generando mayor confianza en los trabajadores e impulsando la lucha social a un nivel mayor.

El Frente Amplio Democrático (FAD) es un partido reciente construido por organizaciones sociales y sindicatos, los votos que captó fueron de apenas el 0.69%. El error de la dirección del FAD es que a pesar de que sus sindicatos han marcado un claro ambiente de lucha, su programa no rompe claramente con el capitalismo. En su congreso constitutivo (2013) uno de sus dirigentes declaró: "Somos una fuerza antineoliberal fundamentalmente que no nos planteamos el socialismo o derribar el capitalismo, pero sí solucionar los grandes problemas sociales".

Los resultados electorales son una pequeña imagen de la situación real en Panamá, en sí mismos demuestran la debilidad de la derecha, pero no reflejan lo inestable de la situación. De hecho Juan Carlos Varela, presidente electo, ha tenido que llamar a un gobierno de unidad reconociendo la fragilidad del ambiente político que se refleja en un gran contexto de movilización y lucha entre la base trabajadora y campesina, pero también en rupturas y conflictos entre la misma clase dirigente.

Dubái en Latinoamérica

El crecimiento económico de Panamá es uno de los más poderosos en Latinoamérica, de ello no hay duda. Del año 2008 al 2013 ha crecido en promedio 8.3% y para 2014 se pronostica que mantendrá con casi un 7%. En toda Latinoamérica el empleo ha sido duramente golpeado, pero en el caso de Panamá hoy día se habla, según las cifras oficiales, de un ambiente de “pleno empleo”. Oficialmente en 40 años Panamá registra la cifra más baja de desempleo. El saliente gobierno de Martinelli no ha dejado de presumir sus grandes índices de inversión pública, sus programas sociales, la reducción de la pobreza, los grandes índices de competitividad y la mejora de los salarios. Él mismo se ha encargado de calificar a Panamá como el “Dubai de Latinoamérica”, la derecha panameña se ha tomado muy a pecho aquella frase de que “nunca dejes que una verdad te arruine una buena historia”.

Los índices de empleo están maquillados burdamente, cerca del 50% de los trabajadores están en el sector informal, sin prestaciones sociales, sin derechos de jubilación. Es cierto que el promedio salarial en Panamá es superior al resto de América Latina, pero eso es un espejismo. En los últimos cuatro años los salarios han perdido el 40% del valor adquisitivo al mismo tiempo que la inflación en los precios de los alimentos se ha elevado al 42%, por ello es necesario, según algunos economistas, que el salario mínimo sea de mil 500 dólares para solucionar las necesidades básicas, sin embargo la mitad de los trabajadores actualmente recibe un salario base que va de entre 200 a 600 dólares mensuales. De hecho Panamá es uno de los países con mayor desigualdad social en todo el continente americano.

Estos datos son parte del combustible que alimenta la rabia social y que destruye todo ese discurso falso y absurdo que Martinelli y el resto de la derecha panameña quiere construir.

Huelgas, movilizaciones y rebelión

El voto al PRD es el voto de los trabajadores para tratar de imponer una política de izquierdas en el país, los errores de la dirección durante la campaña y en los recientes años pasados impidieron el triunfo. Pero es la lucha en las calles la que demuestra realmente el ambiente de inestabilidad del régimen panameño.

Pocos días antes de las elecciones terminó la huelga del sindicato de la construcción (Suntracs) que aglutina a cerca de 100 mil trabajadores, la exigencia fue un incremento salarial de 80% frente al 21% que ofrecía la patronal. Los dirigentes sindicales afirmaron que la huelga impactó el 98% de las obras de construcción que es un sector clave de la economía e incluso logró frenar las obras de ampliación del canal de Panamá, que además ya había sido parado por problemas financieros en febrero pasado. Después de dos semanas de intensa lucha los trabajadores lograron arrancar un 35% de incremento salarial a cuatro años, es decir un promedio de 9% anual.

El descontento social es mayor aún, desde mediados de abril los profesores volvieron a salir a las calles para exigir un incremento salarial. Cerca de 20 mil maestros en 15 organizaciones sindicales protagonizaron la huelga que se mantuvo incluso el día de las elecciones y terminó hasta el 23 de mayo con un triunfo que implica un incremento de 150 dólares a su salario, más otros 150 dólares que serán entregados después de una evaluación. Además de ello el gobierno de derechas se vio obligado a pagar los salarios caídos y se comprometió a no realizar ninguna actividad de represión laboral. El año anterior los profesores también protagonizaron otra huelga que duró poco más de un mes y logró derrotar los planes privatizadores en educación impulsados por el presidente Martinelli. Los trabajadores de la salud también protagonizaron luchas en el 2013, de finales de septiembre a principios de noviembre, lucharon contra la Ley 69 cuyo fin era el de profundizar los ataques privatizadores en la materia. Es cierto que ninguna de estas luchas se ha cerrado con un triunfo contundente, pero cada una de ellas ha sido una escuela política para las masas explotadas que anuncia poderosos estallidos sociales en el futuro.

Martinelli se mantuvo en el poder sostenido por alfileres, en el 2012 la lucha contra la Ley 72 que ponía a la venta parte del territorio y creaba un gobierno particular con leyes particulares despertó una poderosa rabia social. Ni la represión, ni los engaños, ni las provocaciones pudieron frenar el ambiente de insurrección en aquel octubre. Esta ley era una de las leyes más ansiadas por el actual gobierno al que le significaría un jugoso negocio, pero bastó poco más de una semana para que el congreso, que originalmente la había aprobado con menos de 35 minutos de discusión, acabara dando pasos atrás. Todos los diputados se vieron obligados a votar por la derogación de la ley y luego a los pocos minutos el presidente puso su firma aceptando una profunda derrota.

Los resultados electorales no deben confundir a nadie, si bien la derecha triunfó en esa jornada en realidad se trata de un triunfo frágil y con un carácter muy formal. El suelo que pisa el nuevo presidente Varela se resquebraja peligrosamente. Lo más importante es ver que en cada lucha, el proletariado panameño ha fortalecido sus organizaciones, ha puesto a prueba a sus dirigentes y a sus propias fuerzas, esto crea condiciones para enfrentar directamente la fuente de todos los problemas: el capitalismo.

Es en el año 2002 que el programa “progresa” por situaciones de un mal manejo desaparece y da lugar un a un nuevo programa social con el objetivo de dar apoyo a las familias en condiciones de pobreza extrema, así nace el programa “oportunidades”, orientado al desarrollo de la educación, salud y a la alimentación del sector más marginado de nuestro país.

A inicio del mes de mayo la secretaria de desarrollo social, María del Rosario Robles Berlanga manifestó que el programa “oportunidades” excluirá a las familias con más de tres hijos. Es en un poblado llamado Los Encinos, Nayarit, dónde declara durante la apertura de un comedor comunitario lo siguiente: “No piensen que por tener más hijos van a tener más oportunidades, oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas, así es que no se me equivoquen, no me hagan cuentas” (Transcripción de SEDESOL). Es decir, Rosario Robles cree que tener hijos para las madres indígenas se traduce a un negocio, situación totalmente descabellada, ella misma dice que mensualmente las familias reciben un apoyo alimenticio equivalente a 640 pesos al mes, además, haciendo cuentas se reciben 115 pesos mensuales por niño de 0 a 9 años, es decir un aproximado de tres pesos diarios, en ese sentido su argumentación de que las mujeres hacen negocios con sus propios hijos no tiene validez alguna, simplemente niega el derecho de decidir cuantos hijos tener a las familias, imponiéndoles una decisión sin su consentimiento violando sus derechos humanos y discriminando a las familias indígenas, así como también deja mucho que decir de la comprensión que se tiene de la “idea” de la familia que hay en comunidades dónde se vive del campo.

Los reclamos a estas declaraciones fueron tan fuertes al grado de que la misma Rosario Robles retrocedió al no ver otra salida, declarando básicamente que cometió un error en la forma de expresarse, que simplemente fue un mal entendido y que tal programa no excluye a ninguna familia siempre que necesite de este apoyo, cabe recalcar que en el comunicado de prensa dado a conocer por la SEDESOL el pasado 7 de mayo, en el punto tres dice lo siguiente:
“En las reglas de Operación de dicho programa se disponen los montos máximos que puede recibir una familia que hoy es de 1710 pesos para educación básica y 2415 para la media superior, y se  establece que el componente relacionado con el apoyo infantil será hasta de tres hijos”. Con ello la secretaria se apoyó, pues dijo sólo haber hecho énfasis de las condiciones preestablecidas en el programa.

La realidad es que ante la crisis económica de nuestro país la burocracia, con la intención de defender sus intereses y su posición, se ha dado a la tarea de recortar el presupuesto en programas sociales, y por ello tratan de justificar los recortes. Pero las declaraciones no solo justifican el ataque económico a los sectores más golpeados, también dejan ver el profundo desprecio que la clase dominante tiene hacia estos sectores. Priistas, panistas, empresarios, “chicos bien” y toda esa gente de la “alta sociedad” suele usar palabras y frases como “asalariados”, “muertos de hambre”, “guarachudos”, “pata rajadas”, “naco” para referirse a la gente que para ellos son “valen poco”. Este desprecio es tan común que se puede ver, a manera de broma, en los medios de comunicación en horarios familiares; personajes como el “vitor”, la “nacaranda” y otros hacen burla de la música, de la vestimenta, del lenguaje que usa el proletariado y los indígenas. A este mismo sentimiento de desprecio corresponden las escenas videograbadas de las llamadas “leidi” de Polanco, PROFECO, Roma y tras más. Y si los asesores políticos de Peña Nieto no trabajaran día y noche, para evitar las tonterías de él y sus hijos, seguramente no dejaríamos de escuchar frases como aquella tan célebre de Paulina Nieto que se refirió a la “prole” de una manera totalmente grosera.

La pobreza extrema que vivimos en nuestro país es total responsabilidad de la mala administración que hay en la economía del país y del capitalismo en sí mismo, existen la riqueza material para cubrir las necesidades de las comunidades en pobreza extrema, y por tanto en lo material sin pretexto alguno se debe de dar atención a todas las familias pobres. Pero además de ello exigimos respeto y un trato digno, palabras que son incapaces de comprender porque creen que siempre dominaran la sociedad.

TUXTLA GUTIÉRRREZ, Chis. (apro).-Indígenas de la Comunidad de Bienes Comunales Zona Lacandona tomaron oficinas judiciales y administrativas en el municipio de Ocosingo, para exigir la liberación del maestro rural Gabriel Montoya Oseguera, la regularización de tres poblados en la región y la expulsión de la investigadora Julia Carabias de la reserva ambiental donde trabaja actualmente.
 
Los manifestantes cerraron la presidencia municipal de Ocosingo, así como oficinas de juzgados del Poder Judicial del estado y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras, para llamar la atención del gobierno estatal y federal.

Asimismo exigieron la anulación del convenio que desde hace dos décadas permite la ocupación de los centros Estación Tzendales y Estación Biológica Chajul a organizaciones de empresarios y grupos liderados por Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente en el sexenio de Ernesto Zedillo, que realizan bioprospección y buscan mantener el control de los recursos ambientales en la Selva Lacandona.
En la protesta participó alrededor de 80% de la población que conforma los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, habitantes de los centros poblacionales Nueva Palestina y Frontera Corozal.
Dichos grupos ya poblaban la selva, cuando en 1971 el gobierno federal entregó las más de 600 mil hectáreas de esta región a 66 familias lacandonas. Su negativa a ser expulsados de la región les permitió ser reconocidos como parte de la Comunidad Lacandona. Sin embargo, les restringieron el derecho a ser nombrados como presidentes de la comunidad.
Después de 40 años, estos grupos de origen tzeltal y chol hicieron prevalecer su mayoría y nombraron a Emilio Bolom Gómez como presidente de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, el 15 de mayo pasado.
A este nombramiento se oponen las organizaciones que tienen millonarias inversiones en proyectos operados principalmente por Julia Carabias, así como el gobierno de Chiapas y un grupo de lacandones.
Según la denuncia de tzeltales y choles, el gobierno de Manuel Velasco Suárez inició procesos penales contra los asesores y líderes del movimiento.
Uno de ellos es Gabriel Montoya, a quien policías estatales detuvieron el pasado 14 de mayo, por su presunta participación en la toma de la alcaldía de Altamirano hace 13 años, según informó la Procuraduría de Justicia en un comunicado.
En protesta por esta acción, comuneros mantienen desde el pasado 15 de mayo una manifestación en el crucero que conduce a la comunidad Nueva Palestina en la zona lacandona.
Los indígenas difundieron la denuncia en la que se narran los hechos y acusan a la exfuncionaria federal Julia Carabias de desestabilizar la zona y dividir a las comunidades. En el documento exigen la nulificación del convenio donde los lacandones le permiten seguir operando en la selva.

El pasado 21 de mayo, alrededor de una centena de pobladores de San Bartolo Ameyalco (en la delegación Álvaro Obregón, D.F.) se enfrentaron a un operativo de alrededor de dos mil policías del gobierno del DF que intentaban imponer una obra para instalar tuberías que vulneran los manantiales del pueblo. A sabiendas del repudio del pueblo, la obra ya había sido detenida por los vecinos el 14 de febrero, los trabajadores del Sistema de Aguas reanudaron obras escoltados por policías. Como respuesta, los pobladores de San Bartolo tocaron las campanas de la iglesia para llamar al pueblo a agruparse y defender su derecho al agua. Esto detonó una serie de enfrentamientos, monta de barricadas y horas tensas entre los policías y los pobladores. Dejando la jornada finalmente un saldo de alrededor de 150 heridos y al menos 5 pobladores detenidos.

Algo relevante de este acontecimiento es que, por más que el enfrentamiento fue entre dos mil elementos de la policía y un centenar de pobladores, al día siguiente del enfrentamiento Mancera reconocía que había 101 policías heridos y que 32 debieron ser hospitalizados (y al menos dos siguen en el hospital). Este dramático resultado nos dice mucho sobre la situación actual del balance de fuerzas en el país. Desde la llegada del PRI a la presidencia, se ha vuelto cotidiano que toda protesta sea respondida por oídos sordos de la autoridad y despliegues de miles de granaderos. Forzando a los cuerpos policiacos a sobrepasar sus capacidades y empujándolos una y otra vez a golpear a sus hermanos de clase. El único modo de mantener este ritmo, donde los cuerpos armados son lo único que permite al gobierno seguir lanzando son reformas anti-obreras, es engrosando más y más las filas de corporaciones como la de granaderos. Para esto se ha recorrido a una política de constante contratación, cosa que ha hecho que miles y miles de desempleados que hasta hace unos meses trabajaban en el sector productivo hoy son parte de las fuerzas armadas del estado. Por otro lado, también se han apoyado de integrar de improviso a otras corporaciones, como policías de tránsito o bancarios, a los granaderos. Esto lleva a que los cuerpos de granaderos que son mandados a enfrentarse a las manifestaciones no solamente estaban hasta hace poco del otro lado de las vallas, sino que la mayoría de las intervenciones han sido desorganizadas. La falta de entrenamiento y planeación ha llevado a que esto se sustituya con acuartelamiento de miles de policías que son puestos de improviso con cascos y escudos a enfrentar manifestaciones. Esto se ve en que los granaderos actúan de forma desorganizada, reflejando más odio y coraje generado por el acuartelamiento que intervenciones planeadas. Si uno pone atención a las manifestaciones de los últimos meses, podrá ver esta falta de organización y actitud errática entre los cuerpos policiacos. De ahí que una centena de pobladores decididos y organizados hubieran podido derrotar a granaderos que los superaban 10 a 1.

El hecho de que los pobladores de San Bartolo pudieran enfrentar a la policía en condiciones tan desfavorables nos muestra que el pueblo organizado puede enfrentar la política de macanazos y oídos sordos de la autoridad. Que si nos organizamos el estado no podrá frenar nuestro derecho a protestar. Ahora claro, otro elemento importante que tener presente es el hecho de que los policías actuales no hace mucho fueran trabajadores (por la antes mencionada política de reclutamiento indiscriminada). Los acuartelamientos de los que hablé se apoyan en martillarle a los policías la idea de que los “anarquistas” son infiltrados que quieren simplemente agredirlos y banalizar. Si acompañado de la organización, el movimiento se plantea la tarea de contrarrestar este trabajo de adoctrinamiento de los acuartelamientos a partir de dirigir un discurso político claro a la policía, podremos no solamente vencerlos sino también hacer que las propias tropas se dividan y se nieguen a atacar contra sus hermanos de clase. Ejemplos de esto ya pueden verse por todo el mundo.

En fin, después del enfrentamiento, el gobierno de la ciudad insiste en que los pobladores que han salido a luchar en defensa de sus derecho no son más que títeres de los piperos; justificando con esto que siguen sus obras. Al día siguiente del enfrentamiento, los pobladores de San Bartolo hicieron una asamblea donde decidieron desconocer al delegado de Álvaro Obregón Leonel Luna; reconociendo como única autoridad a la asamblea del pueblo.

Mientras los pobladores de San Bartolo siguen su lucha y el gobierno se niega a escuchar sus exigencias y se contenta con reiterarles que la obra es por su propio bien, los acontecimientos del día 21 y posteriores son una escuela de cómo podemos enfrentar a este gobierno que se niega a escuchar nuestros reclamos. Si San Bartolo pudo, nosotros también. La lección es muy clara, formando comités de lucha en nuestras escuelas, barrios y centros de trabajo podremos contrarrestar la política represiva del gobierno e incluso quebrarla desde su propio interior. En el camino para transformar la sociedad, San Bartolo es una muestra heroica del camino a seguir.

¡El agua no es una mercancía, es un derecho!

¡Si San Bartolo puede, nosotros también!

En asamblea desarrollada el pasado 26 de mayo en la localidad costera de Caleta de Campos, el Doctor Mireles declararía que: “La guerra no ha terminado, mediáticamente para una parte del gobierno federal ya terminó la guerra, ya se tomaron la foto con algunos líderes, porque esos no son autodefensas”. Lo señalado por el líder de las legítimas autodefensas es revelador respecto a la realidad de terror que aún domina a la mayor parte de Michoacán y a propósito de las perspectivas del movimiento armado. Las contradicciones que dieron como resultado al movimiento armado no se han resuelto, pero por el contrario se han agudizado a consecuencia del papel del Estado como abierto esquirol favoreciendo a los narcos y dividiendo a las autodefensas para tratar de desarmarlas y derrotarlas.

Si bien para su estrategia el Estado ha logrado corromper a un sector de dirigentes cuyo pasado (e incluso presente) los liga con el narco, por otro lado un sector mayoritario y ligado a Mireles, se han mantenido firmes en la lucha. Sobre el movimiento de autodefensas michoacanas, contrario a lo que pretende hacer creer Peña, lejos está de haberse dicho la última palabra y la asamblea de Caleta de Campos es un claro ejemplo de ello. Para contribuir con el movimiento de las autodefensas y a la vez colaborar con las diferentes iniciativas cuyo objetivo ha sido el de romper el cerco informativo impuesto a las acciones de las legítimas autodefensas,  Militante pone al alcance de sus lectores el video publicado en YouTube por los camaradas de Grillonautas2,  quienes se han encargado de darle una ejemplar cobertura al movimiento de las autodefensa; en dicho vídeo se exponen los 26 minutos del discurso del Dr. Mireles dirigiéndose a los pobladores de Caleta de Campos. Confiamos en que ésta clase de materiales gráficos servirán para dotar de argumentos a los trabajadores y combatir con ellos la campaña de desinformación y calumnias lanzada desde los grandes medios masivos de información al servicio de los ricos, contra las autodefensas.
Atentamente
Comité de redacción

Dr. Mireles: La Guerra no ha terminado

El 14 de abril se firmaría un acuerdo entre las autodefensas y el Estado; tras ello iniciaría una ambiciosa ofensiva para tratar desarmar a los comunitarios.

Coptar a las autodefensas

El acuerdo del 27de enero pasado entre las autodefensas y el Estado, pretendía coptar al movimiento transformándolo en grupos legalmente constituidos de policías rurales bajo su control; pero lo pactado estaba condicionado a la desarticulación de la estructura de mandos de los Caballeros Templarios. Por su parte los acuerdos de abril consistían en el registro ante el ejército de las armas de los comunitarios y la ratificación de lo pactado en enero, sin embargo en lo acordado no se establecía nada sobre el desarme ni se desconocían las condiciones para dicho paso impuesto por las autodefensas en enero. No obstante lo anterior el Estado lanzaría una feroz campaña mediática distorsionando lo acordado, afirmando que las autodefensas habían aceptado al 10 de mayo como plazo para su desarme.

Mireles negaría sistemáticamente dicha versión y reiteraría las condiciones definidas por el movimiento, integrando a la vez la demanda de la libertad del 100% de los comunitarios en prisión, Hipólito Mora incluido.

Las maniobras de Estado

El Estado, para restarle legitimidad a las autodefensas, capturaría al Chapo Guzmán, (febrero 22) y asesinaría en distintos enfrentamiento a Nazario Moreno y al Kike Blancarte (marzo 9 y 31 respectivamente), principales cabecillas de los Caballeros Templarios; también encarcelaría por vínculos con el narco a Jesús Reina, ex gobernador interino y entonces secretario de gobierno michoacano. En esa mismo marco se ubica y supuesta cacería lanzada recientemente (cuando menos a nivel mediático) contra La Tuta.

También, basándose en priístas, en exnarcos y elementos con negocios con los narcos sin llegar a pertenecer a su estructura orgánica (ambos tipo de individuos conocidos como los “arrepentidos”) e incluso en narcos en activo, todos ellos infiltrados en las autodefensas, el Estado dividió al movimiento; así dirigentes como el Papá Pitufo, el Comandante Cinco, el Americano, entre otros, serían trasformados en agentes de Peña.

De hecho, en marzo 11, el Americano y sus hombres, cercarían y entregarían a Hipólito Mora a las fuerzas federales para ser encarcelado, acusado falsamente de homicidio. Por su parte el Comandante 5, el 8 de mayo, acusaría a Mireles del asesinato de cinco personas en un enfrentamiento el 27 de abril; tras ello el Estado iniciaría una ofensiva secundando dichas acusaciones para crear el ambiente favorable para su detención. Un día antes, el 7 de mayo, en una reunión entre una extrema minoría de dirigentes comunitarias y el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, antidemocráticamente seria destituido Mireles como principal dirigente y expulsado de las autodefensas.

En ese marco el Estado agudizaría su campaña respecto al 10 de mayo como plazo para el desarme.

Contra Mora y Mireles

El encarcelamiento de Hipólito Mora y la persecución contra Mireles, serían para tratar de descabezar al movimiento y de paso mandar un fuerte mensaje sobre lo que la burguesía no está dispuesto a tolerar: el régimen, dada su debilidad, se vio obligado a tolerar a las autodefensas, sin embargo en La Ruana, Hipólito Mora implementó la confiscación de bienes de narcos y de arrepentidos. Para el Estado la política de Mora era ya llevar las cosas a demasiado lejos, pues de manera intrínseca esta representaba un cuestionamiento a la propiedad privada; pero más aún, se corría el peligro de que el ejemplo de La Runa se extendiera hacia el resto de las autodefensas. La respuesta frente a los capitalistas debe ser la profundización de la confiscación de los bienes del narco y los arrepentidos, medica que tiene que ser controla democráticamente, desde la primera confiscación hecha hasta las que se desarrollarán en el futuro, por los consejos comunitarios.

La persecución contra Mireles, misma que lo obligó a pasar a la clandestinidad por algunos días ante el temor de ser asesinado, obedecería al hecho de que él siempre se opuso al desarme sin que antes no se hubieran cumplido todas las demandas impuestas por los comunitarios; sin embargo otra motivación de Estado también lo fue, factor que está lejos de ser secundario, el contenido de las declaraciones de Mireles públicas a través de YouTube el 14 de abril, en las que es evidente que un sector de las autodefensas, fenómeno reflejado a través del doctor, estaba madurando en términos programáticos y tácticos. En dichas declaraciones Mireles, además de descalificar rotundamente a los gobiernos federales del PRI y del PAN de los últimos 30 años, también reivindica el derecho a la educación y a la salud para los pobres, entre otras demandas asociadas con los intereses de los trabajadores, para finalmente llamar a organizar al movimiento a nivel nacional. Dichas declaraciones las puedes ver en: https://www.youtube.com/watch?v=KgUy9FSJDrs.

En esencia las declaraciones representan una ruptura con el Estado y una incipiente búsqueda de vínculos hacia otros sectores en lucha, para revertir el aislamiento.

Aislamiento

El programa de lucha de las autodefensas se focaliza casi en su totalidad en la inseguridad, desempeñando en ello un papel muy importante para cohesionar al movimiento en Michoacán, sin embargo generando que las demandas relacionadas con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad y el campo fueran marginadas. La experiencia evidenciaría que para Peña eran más permisibles los narcos que los comunitarios, provocando la gradual ruptura de algunos sectores del movimiento, en especial el encabezado por Mireles, con el régimen, fenómeno que daría paso a declaraciones como la del doctor del 14 de abril, todo ello expresando la necesidad de romper el aislamiento. Desafortunadamente para los sectores honestos del movimiento, y al no purgar a las autodefensas de arrepentidos y elementos afines al gobierno, para entonces la estrategia de coptación de parte del Estado ya estaba desarrollada.

Pero la explicación no termina ahí pues los dirigentes de importantes agrupaciones sindicales (la UNT, el SME, la CNTE, etcétera) junto con los partidos de izquierda (PRD, PT, Morena) enmudecieron y jamás harían una declaración en solidaridad con las autodefensas michoacanas ni llamarían a alguna acción de apoyo para éstas; peor aún fue el caso de AMLO quien las acusó de “paramilitares”. Con esa política la izquierda sindical y partidaria facilitaría el aislamiento del movimiento.

El aislamiento facilitaría el que fuera doblegado Hipólito Mora para asumir las condiciones de su excarcelación, el 16 de mayo, aceptando unirse a la policía rural y haciendo declaraciones de confianza en el Estado. Razones similares harían titubear a Mireles al momento de señalar su intención de integrarse a dicho cuerpo policial.

Descafeinar al movimiento

El programa inacabado de las autodefensa y la irresponsable actitud de los dirigentes de izquierda, facilitaron las cosas para que luchadores por los derechos humanos e incluso abiertos panistas se vincularán con Mireles, cristalizando ello en una reunión el 5 de mayo en la que además del doctor, participarían Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace, Ernesto Ruffo y el padre Alejandro Solalinde, entre otros. En esa reunión se acordaría la constitución del Frente Nacional de Autodefensas (FNA); el objetivo de dicho frente será el reclutamiento de “ciudadanos que quieran participar en acciones de seguridad de manera pacífica”, de acuerdo a palabras de Sicilia.

Si bien entre los convocante al FNA existen varios a los cuales no se les puede vincular con el PAN, lo cierto es que la forma en que muchos de ellos han encabezado las diferentes causas que abanderan ha significado en no pocas ocasiones una táctica de lucha sin ir a fondo y en consecuencia un tanto complaciente con el régimen, e incluso asumiendo una actitud “neutral” u omisa y frente a una serie de acotamientos relevantes de la lucha de clases: el fraude electoral de 2012, la lucha de la CNTE, la defensa de PEMEX, etcétera.

La FNA, bajo ese perfil, encierra la promesa de conducir por ese camino a las autodefensas organizadas en torno a Mireles para que a la postre estas terminen siendo agrupaciones bajo la tónica conservadora e inconsecuente de lucha y del “pacifismo” definido por Sicilia. El papel de los panistas consiste en asegurar que eso sea así.

Para que el FNA se convierta no en un montaje para descafeinar a las autodefensas, sino en una herramienta contra el terror del Estado y de los narcos, los impulsores de dicho frente tiene que platear líneas de acción que los vincule con la clase trabajadora y sus organizaciones, además de purgar a ésta iniciativa de todo elemento de derecha y del PAN.

Por su parte Mireles debe romper con todos los elementos de derecha, pues representan la garantía de la traición.

Frágil impasse

Aparentemente Peña ha logrado sus fines, sin embargo aún está lejos la última palabra, los escasos resultados en cuanto al reclutamiento logrado por el Estado hablan por sí mismo de ello, pues de los más de 25 mil integrantes de las autodefensas michoacanas, para el 14 mayo sólo 3300 habían solicitado su inclusión a la policía rural. Además la expulsión de Mireles del Consejo de Autodefensas de Michoacán (CAM), se logró con el apoyo de únicamente dos de los 36 grupos que lo integran.

Por otro lado, a pesar de que el Estado lo niegue, los capos de la droga se han reagrupado en un nuevo cartel, la “Tercera Hermandad” (H3), para lanzar una ofensiva intentado recuperar las posiciones perdidas.

La fragilidad de éste impasse también se expresa en la negativa a la incorporación de Mireles a la policía rural: el 19 de mayo el doctor haría pública su intención de unirse al nuevo grupo policial con el objetivo de poder mantenerse armado para defender su vida, sin embargo y sin que Mireles hubiera hecho ninguna solicitud formal, un día después elementos del ejército unilateralmente le notificarían que tenía prohibido integrase al policía rural como consecuencia de su expulsión del CAM. Consciente de que las contradicciones que le dieron vida a las autodefensas aún no se han resuelto y que por el contrario se podrían agudizar, El rechazo a Mireles expresa el temor del Estado a que en un momento dado se pudieran reagrupar los comunitarios en torno a la figura del doctor para romper el impasse y haciendo fracasar la táctica de coptación, proceso en el que podrían ser incluso desplazados todos aquellos dirigentes que se plegaron hacia Peña.

El miedo está bien fundamentado quedando demostrado éste en la indiferencia de los pobladores de tierra caliente ante la visita del 22 de mayo de Peña a Tepalcatepec, poblado cuyas autodefensas están al mando del doctor Mireles. Para nutrir dicho acto político, los operadores políticos del gobierno se vieron obligados a acarrear a centenas de personas de todos lados; además ni un solo dirigente de las autodefensas asistió al acto del presidente; también familiares de unos 50 autodefensas encarcelados recibirían a Peña con toma de carreteras y la promesa de que quemarían los autobuses que han tomado si no liberan a la brevedad a sus presos.

El mismo día que Peña asistió a Tepalcatepec, Mireles tronaba contra el gobierno señalando que no se registrará en la policía rural "ni ahora ni al rato"; también, sobre el acto del presidente, destacaría que "Para mí todo esto es un teatro y yo no voy a seguirles el juego. No me invitaron pero tampoco hubiera ido si me hubieran invitado, porque me queda claro que el señor Presidente no quiere ni verme ni hablarme. Yo ya me cansé y no voy a seguirle el juego a nadie". Y finalmente remataría: "La pacificación y el combate a los grupos criminales de Michoacán es una farsa…”

De acuerdo a Mireles, son 200 los dirigentes de grupos de autodefensa que aún se mantiene en pie de lucha; se trata de una fuerza nada desdeñable y con posibilidades de otra vez poner al Estado contra las cuerdas.

No está dicha la última palabra sobre el movimiento de los legítimos grupos de autodefensa; el actual impasse es frágil y probablemente efímero. Hay razones para pensar que la estrategia del Estado podría fracasar, viéndose éste obligado a valorar con mayor determinación el empleo de la fuerza, incluso con el apoyo de las falsas autodefensas a su servicio. De darse ese paso el conflicto podría escalar a niveles insospechables que le podrían dar una magnitud nacional con acciones de apoyo de otros sectores en lucha.

Frente a la posibilidad de una ofensiva del Estado es necesario abonar el camino para la unidad de acción del movimiento obrero en apoyo a las autodefensas, por ello Mireles tiene que retomar y profundizar el camino marcado por sus declaraciones del 14 de abril y darle la espalada a la hipocresía panista. Por su parte el movimiento obrero debe actuar rápido y llamar a la conformación de comités de apoyo para la lucha de las auténticas autodefensas.

La política necesaria para derrotar a los narcos y a su cómplice Peña consiste en la vinculación de las autodefensas con el movimiento obrero y un programa que ponga sobre la mesa el problema de quién manda y en el que se exija la expropiación de los narcos, sus cómplices y de los capitalistas.

Este año se cumplen 25 años de las movilizaciones magisteriales de 1989, conocidas históricamente como la Primavera Magisterial, encabezadas por la CNTE que derivaron en la caída de Carlos Jonguitud Barrios de la dirección nacional del SNTE y en la conquista de uno de los bastiones más importantes del magisterio democrático, la Sección 9 democrática.

En 1982 estalló la crisis económica en nuestro país, en ese contexto el gobierno de Miguel de la Madrid impulsó la política de contención salarial a partir del Proyecto de Reordenamiento Económico, después de 1985 Pacto de Solidaridad Económica, que golpeaba brutalmente los niveles de vida de los trabajadores. A ello se agregaban las secuelas del terremoto del 19 de septiembre y las de la crisis bursátil de 1987 que ocasionó un proceso inflacionario donde los precios aumentaron por encima del 150% tan solo ese año. Con ello el salario del magisterio pasó de los 3.5 salarios mínimos en 1982 a cerca de 1.3 para abril de 1989. Esa sería la base de la demanda por la que iniciarían las movilizaciones en enero de ese año bajo la consigna de “aumento sustancial” del salario en el Distrito Federal.

Carlos Jonguitud Barrios al igual que los demás charros como Fidel Velázquez de la CTM, habían aceptado que la crisis económica fuera cargada sobre la espalda de los trabajadores creyendo que con eso aseguraban mantener el apoyo presidencial del que gozaban. Así habían mantenido no solo un férreo control sindical, reprimiendo y asesinando a los disidentes, sino también minando las condiciones de vida de los trabajadores. Por ello la primera jornada del año 89, el paro del 30 de enero, encabezado por la oposición democrática de la Sección 9 demandaba la rezonificación del DF como “zona cara” en su Congreso seccional que se celebraría el 8 de febrero. La jornada del 30 de enero había sido el primer paso para evidenciar ante la mayoría del magisterio capitalino las maniobras de los charros, con ello se abría la posibilidad de ganar la dirección de la sección. El ejemplo de ambas jornadas, encabezadas sobre todo por los maestros de primaria, comienza a extenderse a lo largo y ancho de la ciudad extendiendo el paro a otras secciones, granjeando la solidaridad de los padres de familia. Para el 17 de abril, fecha en que la Sección 9 encabezada ya por la mayoría democracita había convocado a una huelga nacional, la lucha se había extendido a Puebla, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Nuevo León y Guanajuato.

El asenso de la lucha magisterial obligo entonces al gobierno federal primero a mediar entre el magisterio democrático y el CEN del SNTE, encabezado por Jonguitud, pero pocos días después tuvo que anunciar la dimisión del mismo al mando del sindicato. Ello significo un triunfo parcial para el magisterio democrático. Como lo señala Martha López, activista de la Coordinadora, “no sólo podríamos haber derrotado al charrismo sindical –que sí lo hicimos– sino haber ganado todo el sindicato, (pero) no tuvimos la visión clara y nos quedamos cortos de miras al querer tener sólo la dirigencia de la sección 9…definitivamente sí teníamos las condiciones idóneas para haber arrebatado el SNTE y así impedir que esta mujer, Elba Esther Gordillo, hubiese hecho el daño que aún provoca” (La Jornada, 2 de agosto del 2009, p.14).

Lo anterior resulta una valiosa conclusión, en especial tomando en cuenta la lucha contra la reforma educativa y sus leyes secundarias que fueron aprobadas el año pasado, pues el triunfo valioso de la Sección 9 en abril de 1989 abría la posibilidad de que el sindicato a nivel nacional fuera recuperado como una auténtica herramienta de lucha, sin embargo esta no se concretó.

Las conquistas, como la democratización de una sección, la educación pública o mejores salarios, solo serán temporales en tanto se mantenga una correlación de fuerzas favorable para los trabajadores. Pero cuando esta cambia la burguesía y sus representantes no dudan en recuperar con la mano derecha lo que les hemos arrebatado por el lado izquierdo. Por ello reducir las luchas en términos gremiales, y peor aun seccionales, es un error estratégico pues es una base para la división de la unidad de nuestra clase y la limitación de nuestros objetivos. Un ejemplo claro de ello es la división estatal de la reciente lucha magisterial. La unificación a nivel nacional del movimiento a lo largo del año pasado demostró la fuerza de la que gozamos los trabajadores una vez que luchamos unificadamente. Por otro lado también se demostró que para mantener la unidad se requiere de una perspectiva política homogénea.

La Primavera Magisterial fue sin duda alguna una lucha heroica de nuestra clase, demostró que los trabajadores y los jóvenes podemos derrotar a los peores gánsteres enquistados en los sindicatos; que la movilización rinde sus triunfos y que sólo la lucha decidida puede arrebatarle a nuestros enemigos lo que nos pertenece. Por eso en este veinticinco aniversario de la Primavera Magisterial desde el periódico Militante hacemos hincapié en la necesidad de recuperar las lecciones de las luchas pasadas, aprendiendo de los aciertos y errores, para con ello impulsar nuestras batallas actuales. ¡Ayer como hoy, la CNTE puede derrotar al charrismo sindical si recuperar sus mejores tradiciones de lucha!

¡Recuperemos las lecciones del pasado, preparemos las próximas batallas!

La inflación en México en los meses de enero y febrero se ha reportado como la más alta desde marzo del 2010, llegando a 4.4% en enero de 2014, y cayendo desde entonces hasta los 3.7% que se reportan para marzo, mes en el que el precio del limón se disparó. Lo anterior hace suponer, que si bien la dinámica inflacionaria ha sido inestable -y por encima de muchas regiones del mundo como Estados Unidos y la Unión Europea con 1.1% y 0.7% respectivamente-, el alza del precio del limón tiene su explicación en acontecimientos de tipo político y económico, más allá de las plagas y otros problemas agrícolas.

Michoacán es uno de los estados de mayor producción de limón y en el 2012 se posicionó como el más productivo; junto con Veracruz aportó el 50% de la producción nacional. En ese año Michoacán aumentó su producción en un 32.5% respecto a 2011, contribuyendo a una marca histórica que en tonelaje equivalió al peso de la torre Dubái, la más alta del mundo. Los municipios productores más importantes fueron Buenavista, Apatzingan y Aguillilla, con el 73% de la producción estatal, resultado que se tradujo en rendimientos promedio de 20 toneladas por hectárea para los agricultores de dichas regiones, con un costo estimado de producción de 2 mil pesos por tonelada, y un precio promedio de venta cercano a 2 mil 700 pesos por tonelada, lo que significa una utilidad superior a la de otros cultivos.

Como es de esperarse la mano del narcotráfico no ha dejado intervenir en un negocio tan prospero, ya sea como dueños; como usureros o como capataces al servicio de los empresarios, amedrentando a los trabajadores del campo inconformes con la explotación recibida por parte de los patrones. “Empresarios y empresas canadienses han estado contratando desde hace varios años a sicarios para contener las protestas en contra de las condiciones precarias bajo las que trabajan (los cortadores de limón)” escribe Ilán Semo.

Según Ilán Semo, basándose en información de Bloomberg, desde 2011, con el cambio en los poderes de Michoacán y la entrada de Fausto Vallejo del PRI para sustituir a Leonel Godoy del PRD en el cargo de gobernador, se potenció la intervención de grupos de narcotráfico -en especial de los Caballeros Templarios-, en el control de los cultivos de la región de Tierra Caliente, caracterizada por su destacado papel en la producción de limón. La intervención del narcotráfico se vio reflejada rápidamente en los precios al consumidor. El limón llegó a costar entre cuatro o cinco veces más de su valor habitual durante dos años.

En febrero de 2013 los pobladores de la región comenzaron a organizarse para formar grupos de autodefensa frente a la extorción y otros ataques del narcotráfico y a finales de mayo de ese año el gobierno por fin intervino dando una solución temporal y parcial, pactando con los templarios y el precio del limón bajo.

En aquel entonces el gobierno intervino principalmente por una preocupación económica: el peligro de mayor inflación, ya que sumados los precios acumulados de alimentos de la canasta básica, propiciados por las extorsiones en todo el país, podían aportar hasta en 1% o 1.5 % a la inflación (que se calculaba entre 4.5% y 5% en total). Semo asegura que fueron las presiones hacia Hacienda y el Banco de México, las que llevaron a intervenir de inmediato. Sin embargo, no puede pasarse por alto que los alcances y la dirección de tal intervención sobrepasa cualquier contención de la inflación.

En marzo de este 2014, nuevamente los precios se dispararon, la situación insostenible de extorción había llevado a las comunidades a mantenerse organizadas y a sacar conclusiones políticas, organizando manifestaciones en contra del control del narcotráfico, y se parando la producción agrícola. Desde 2013 hubo una caída en la producción después de la marca histórica de 2012. El 27 de marzo se reunió el consejo limonero de Colima para valorar paros escalonados del corte, entre Michoacán y Colima, para obtener el pago de 20 pesos por kilo y la estabilización del precio en los almacenes. Finalmente y debido probablemente a las presiones hacia este sector, 3 de abril se acuerda el precio del limón en 12 pesos el kilo y se normaliza la producción y distribución. Todo ello en medio de la ofensiva más grande contra las autodefensas y policías comunitarias para desarmarlas y desintegrarlas.

En última instancia los precios del limón han sido el resultado de la situación política que se vive en el país, especialmente en Michoacán, a causa del crimen organizado y por otro lado de las leyes irracionales del mercado, que por medio de la especulación llevó a precios estratosféricos al kilo del limón, encontrándose en ciertos momentos ¡hasta en 80 pesos!

Este acontecimiento no deja duda en que el narcotráfico, de la mano del gobierno por una u otra vía, es un problema social aunado a las ya innatas “bondades” del capitalismo, como la especulación, la anarquía en la producción y la explotación, agudizando aun más los problemas sociales y las precariedad de la vida cotidiana.

La alternativa contra la especulación del narco y contra el coyotaje es la expropiación de las tierras de todos aquellos que lucran con el hambre y de la eliminación de la intermediación en la comercialización de productos agrícolas por medio del monopolio del Estado en el mercado de alimentos, todo ello bajo el control democrático de los trabajadores y del campesinado pobre.