Nacional

Este año se cumplen 25 años de las movilizaciones magisteriales de 1989, conocidas históricamente como la Primavera Magisterial, encabezadas por la CNTE que derivaron en la caída de Carlos Jonguitud Barrios de la dirección nacional del SNTE y en la conquista de uno de los bastiones más importantes del magisterio democrático, la Sección 9 democrática.

En 1982 estalló la crisis económica en nuestro país, en ese contexto el gobierno de Miguel de la Madrid impulsó la política de contención salarial a partir del Proyecto de Reordenamiento Económico, después de 1985 Pacto de Solidaridad Económica, que golpeaba brutalmente los niveles de vida de los trabajadores. A ello se agregaban las secuelas del terremoto del 19 de septiembre y las de la crisis bursátil de 1987 que ocasionó un proceso inflacionario donde los precios aumentaron por encima del 150% tan solo ese año. Con ello el salario del magisterio pasó de los 3.5 salarios mínimos en 1982 a cerca de 1.3 para abril de 1989. Esa sería la base de la demanda por la que iniciarían las movilizaciones en enero de ese año bajo la consigna de “aumento sustancial” del salario en el Distrito Federal.

Carlos Jonguitud Barrios al igual que los demás charros como Fidel Velázquez de la CTM, habían aceptado que la crisis económica fuera cargada sobre la espalda de los trabajadores creyendo que con eso aseguraban mantener el apoyo presidencial del que gozaban. Así habían mantenido no solo un férreo control sindical, reprimiendo y asesinando a los disidentes, sino también minando las condiciones de vida de los trabajadores. Por ello la primera jornada del año 89, el paro del 30 de enero, encabezado por la oposición democrática de la Sección 9 demandaba la rezonificación del DF como “zona cara” en su Congreso seccional que se celebraría el 8 de febrero. La jornada del 30 de enero había sido el primer paso para evidenciar ante la mayoría del magisterio capitalino las maniobras de los charros, con ello se abría la posibilidad de ganar la dirección de la sección. El ejemplo de ambas jornadas, encabezadas sobre todo por los maestros de primaria, comienza a extenderse a lo largo y ancho de la ciudad extendiendo el paro a otras secciones, granjeando la solidaridad de los padres de familia. Para el 17 de abril, fecha en que la Sección 9 encabezada ya por la mayoría democracita había convocado a una huelga nacional, la lucha se había extendido a Puebla, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Nuevo León y Guanajuato.

El asenso de la lucha magisterial obligo entonces al gobierno federal primero a mediar entre el magisterio democrático y el CEN del SNTE, encabezado por Jonguitud, pero pocos días después tuvo que anunciar la dimisión del mismo al mando del sindicato. Ello significo un triunfo parcial para el magisterio democrático. Como lo señala Martha López, activista de la Coordinadora, “no sólo podríamos haber derrotado al charrismo sindical –que sí lo hicimos– sino haber ganado todo el sindicato, (pero) no tuvimos la visión clara y nos quedamos cortos de miras al querer tener sólo la dirigencia de la sección 9…definitivamente sí teníamos las condiciones idóneas para haber arrebatado el SNTE y así impedir que esta mujer, Elba Esther Gordillo, hubiese hecho el daño que aún provoca” (La Jornada, 2 de agosto del 2009, p.14).

Lo anterior resulta una valiosa conclusión, en especial tomando en cuenta la lucha contra la reforma educativa y sus leyes secundarias que fueron aprobadas el año pasado, pues el triunfo valioso de la Sección 9 en abril de 1989 abría la posibilidad de que el sindicato a nivel nacional fuera recuperado como una auténtica herramienta de lucha, sin embargo esta no se concretó.

Las conquistas, como la democratización de una sección, la educación pública o mejores salarios, solo serán temporales en tanto se mantenga una correlación de fuerzas favorable para los trabajadores. Pero cuando esta cambia la burguesía y sus representantes no dudan en recuperar con la mano derecha lo que les hemos arrebatado por el lado izquierdo. Por ello reducir las luchas en términos gremiales, y peor aun seccionales, es un error estratégico pues es una base para la división de la unidad de nuestra clase y la limitación de nuestros objetivos. Un ejemplo claro de ello es la división estatal de la reciente lucha magisterial. La unificación a nivel nacional del movimiento a lo largo del año pasado demostró la fuerza de la que gozamos los trabajadores una vez que luchamos unificadamente. Por otro lado también se demostró que para mantener la unidad se requiere de una perspectiva política homogénea.

La Primavera Magisterial fue sin duda alguna una lucha heroica de nuestra clase, demostró que los trabajadores y los jóvenes podemos derrotar a los peores gánsteres enquistados en los sindicatos; que la movilización rinde sus triunfos y que sólo la lucha decidida puede arrebatarle a nuestros enemigos lo que nos pertenece. Por eso en este veinticinco aniversario de la Primavera Magisterial desde el periódico Militante hacemos hincapié en la necesidad de recuperar las lecciones de las luchas pasadas, aprendiendo de los aciertos y errores, para con ello impulsar nuestras batallas actuales. ¡Ayer como hoy, la CNTE puede derrotar al charrismo sindical si recuperar sus mejores tradiciones de lucha!

¡Recuperemos las lecciones del pasado, preparemos las próximas batallas!

La inflación en México en los meses de enero y febrero se ha reportado como la más alta desde marzo del 2010, llegando a 4.4% en enero de 2014, y cayendo desde entonces hasta los 3.7% que se reportan para marzo, mes en el que el precio del limón se disparó. Lo anterior hace suponer, que si bien la dinámica inflacionaria ha sido inestable -y por encima de muchas regiones del mundo como Estados Unidos y la Unión Europea con 1.1% y 0.7% respectivamente-, el alza del precio del limón tiene su explicación en acontecimientos de tipo político y económico, más allá de las plagas y otros problemas agrícolas.

Michoacán es uno de los estados de mayor producción de limón y en el 2012 se posicionó como el más productivo; junto con Veracruz aportó el 50% de la producción nacional. En ese año Michoacán aumentó su producción en un 32.5% respecto a 2011, contribuyendo a una marca histórica que en tonelaje equivalió al peso de la torre Dubái, la más alta del mundo. Los municipios productores más importantes fueron Buenavista, Apatzingan y Aguillilla, con el 73% de la producción estatal, resultado que se tradujo en rendimientos promedio de 20 toneladas por hectárea para los agricultores de dichas regiones, con un costo estimado de producción de 2 mil pesos por tonelada, y un precio promedio de venta cercano a 2 mil 700 pesos por tonelada, lo que significa una utilidad superior a la de otros cultivos.

Como es de esperarse la mano del narcotráfico no ha dejado intervenir en un negocio tan prospero, ya sea como dueños; como usureros o como capataces al servicio de los empresarios, amedrentando a los trabajadores del campo inconformes con la explotación recibida por parte de los patrones. “Empresarios y empresas canadienses han estado contratando desde hace varios años a sicarios para contener las protestas en contra de las condiciones precarias bajo las que trabajan (los cortadores de limón)” escribe Ilán Semo.

Según Ilán Semo, basándose en información de Bloomberg, desde 2011, con el cambio en los poderes de Michoacán y la entrada de Fausto Vallejo del PRI para sustituir a Leonel Godoy del PRD en el cargo de gobernador, se potenció la intervención de grupos de narcotráfico -en especial de los Caballeros Templarios-, en el control de los cultivos de la región de Tierra Caliente, caracterizada por su destacado papel en la producción de limón. La intervención del narcotráfico se vio reflejada rápidamente en los precios al consumidor. El limón llegó a costar entre cuatro o cinco veces más de su valor habitual durante dos años.

En febrero de 2013 los pobladores de la región comenzaron a organizarse para formar grupos de autodefensa frente a la extorción y otros ataques del narcotráfico y a finales de mayo de ese año el gobierno por fin intervino dando una solución temporal y parcial, pactando con los templarios y el precio del limón bajo.

En aquel entonces el gobierno intervino principalmente por una preocupación económica: el peligro de mayor inflación, ya que sumados los precios acumulados de alimentos de la canasta básica, propiciados por las extorsiones en todo el país, podían aportar hasta en 1% o 1.5 % a la inflación (que se calculaba entre 4.5% y 5% en total). Semo asegura que fueron las presiones hacia Hacienda y el Banco de México, las que llevaron a intervenir de inmediato. Sin embargo, no puede pasarse por alto que los alcances y la dirección de tal intervención sobrepasa cualquier contención de la inflación.

En marzo de este 2014, nuevamente los precios se dispararon, la situación insostenible de extorción había llevado a las comunidades a mantenerse organizadas y a sacar conclusiones políticas, organizando manifestaciones en contra del control del narcotráfico, y se parando la producción agrícola. Desde 2013 hubo una caída en la producción después de la marca histórica de 2012. El 27 de marzo se reunió el consejo limonero de Colima para valorar paros escalonados del corte, entre Michoacán y Colima, para obtener el pago de 20 pesos por kilo y la estabilización del precio en los almacenes. Finalmente y debido probablemente a las presiones hacia este sector, 3 de abril se acuerda el precio del limón en 12 pesos el kilo y se normaliza la producción y distribución. Todo ello en medio de la ofensiva más grande contra las autodefensas y policías comunitarias para desarmarlas y desintegrarlas.

En última instancia los precios del limón han sido el resultado de la situación política que se vive en el país, especialmente en Michoacán, a causa del crimen organizado y por otro lado de las leyes irracionales del mercado, que por medio de la especulación llevó a precios estratosféricos al kilo del limón, encontrándose en ciertos momentos ¡hasta en 80 pesos!

Este acontecimiento no deja duda en que el narcotráfico, de la mano del gobierno por una u otra vía, es un problema social aunado a las ya innatas “bondades” del capitalismo, como la especulación, la anarquía en la producción y la explotación, agudizando aun más los problemas sociales y las precariedad de la vida cotidiana.

La alternativa contra la especulación del narco y contra el coyotaje es la expropiación de las tierras de todos aquellos que lucran con el hambre y de la eliminación de la intermediación en la comercialización de productos agrícolas por medio del monopolio del Estado en el mercado de alimentos, todo ello bajo el control democrático de los trabajadores y del campesinado pobre.

El pasado 3 de marzo fuimos testigos de un violento enfrentamiento al interior de Ciudad Universitaria, en torno al histórico Auditorio Che Guevara que desde 1968 ha sido un referente la lucha de la juventud en nuestro país. Si ello no fuera suficiente, el miércoles 26 de marzo, una supuesta agresión de anarquistas al cuerpo de granaderos fue la escusa para violentar la autonomía territorial de la Universidad. Aunque los medios han tratado de presentar tales acontecimientos como un mero conflicto entre grupos, con la intensión de desprestigiar a la juventud y sus demandas, lo cierto es que en el fondo yace la provocación del gobierno federal para extender sus tentáculos sobre la máxima casa de estudios.

La lucha de la juventud en 2012 es sin lugar a dudas una piedra en el zapato de Peña Nieto pues no solo desafío la aparente fortaleza del PRI sino que demostró su completa falsedad, basta recordar su encierro en los baños ante la furia causada ante la reivindicación de la represión en San Salvador Atenco en 2006. Es por ello que desde entonces el gobierno federal ha desarrollado una campaña contra los jóvenes, con un abierto apoyo del gobierno del Miguel Ángel Mancera, en donde las universidades son un objetivo clave por ser los bastiones más importantes de la lucha de la juventud en nuestro país. Pero son también uno de los tan ansiados botines de la burguesía para incrementar sus ganancias y aniquilar con ello los derechos sociales conquistados durante el siglo veinte en nuestro país.

Los acontecimientos en Ciudad Universitaria, que de ningún modo pueden reducirse a la UNAM sino que son un aviso para la educación pública en su conjunto, no son por ello una mera riña entre grupos. Si bien ello puede ser en parte cierto, producto de la incapacidad para mirar más allá de sus narices, en el fondo todo responde a la acción de provocadores profesionales que aprovechando estos conflictos e incentivándolos han actuado bajo las ordenes de sus superiores. En la historia de la lucha de clases en nuestro país, y más aún en la del movimiento juvenil, este tipo de acciones no son nuevas sino bastante recurrentes por parte de los enemigos de la juventud.

Lo anterior no excluye de sus responsabilidades a las autoridades universitarias que durante años han incentivado la acción policial abierta o encubierta a lo interno de las instalaciones para contener en lo posible la lucha a lo interno de la universidad. La actitud pasiva e incluso diletante para dar pronunciamientos son elementos que evidencian a todas luces la intensión de Rectoría por capitalizar del mejor modo la situación, acorde con sus propios intereses por supuesto. Por supuesto como el gobierno federal, poco o nada les interesa la opinión de la mayoría de la comunidad.

Ante ello estudiantes, profesores y trabajadores, dentro y fuera de la UNAM, debemos poner atención y defender una política clara en defensa de nuestros intereses pues ante nuestros ojos se desarrolla la disputa entre Rectoría y Peña Nieto, quienes pretenden solo dictarnos un camino a seguir sin que en sus planes podamos intervenir directamente en que la universidad que queremos. Por ello es indispensable en primer lugar clarificar esta clase de acontecimientos, sus objetivos y los intereses que buscan. Para con ello enarbolar nuestra propia política para defender la educación pública, objetivo último de los ataques. Con ello enarbolar la defensa de los derechos democráticos conquistados y su ampliación, amenazados por la intensión del gobierno federal como medio para limitar la lucha de los jóvenes y trabajadores en defensa de sus intereses, derechos y conquistas.

Las lecciones de las luchas recientes, en especial de las derrotas, deben ser objeto de estudio y discusión en el movimiento. Para así implementar una política capaz de revertir la situación actual, donde pese a la combatividad de jóvenes y trabajadores las contrarreformas han avanzado. Por ello la construcción de una organización de lucha es en ese sentido una tarea apremiante, para preparar las siguientes batallas que parecen serán de gran envergadura. Ante las cuales debemos prepararnos de forma minuciosa para evitar que ello signifique que empeoren nuestras condiciones de estudio y vida o las condiciones para defenderlas.

El capitalismo es un sistema anárquico en el que se producen mercancías sólo con la finalidad de obtener ganancias inmediatas sin importar la utilidad que tengan. A los capitalistas tampoco les interesan las consecuencias negativas de la explotación sin control de los recursos naturales que genera su producción irracional. En aras de incrementar sus ganancias han talado bosques enteros que a su vez ha provocado la erosión de miles de hectáreas de tierra, ocasionando que el agua de lluvia se escurra y provoque grandes inundaciones. Paradójicamente ante estas grandes cantidades de agua que anega los asentamientos humanos, está la falta de agua potable para importantes sectores la población. Por el contrario, la industria consume sin interrupción grandes cantidades de este líquido para producir mercancías; por ejemplo, para producir una hoja de papel se necesitan 10 litros de agua, para producir un kilogramo de carne de res se necesitan 15.400 litros(1) y para producir un automóvil se necesitan 148, 000 litros del vital líquido. (2)

Cada fábrica consume agua que luego deshecha y generalmente va a parar a los ríos. En el caso de Puebla vemos cómo la industria ha contaminado el río Atoyac, el cual tiene una longitud de 200km. que además pasan por los municipios de Atlixco y Matamoros en el estado de Tlaxcala. Sus aguas desembocan finalmente en el océano Pacífico.

“El río Atoyac es contaminado por 50 municipios de Tlaxcala y Puebla, que descargan sus aguas residuales al aire libre y por al menos mil industrias que no cuentan con plantas de tratamiento o no funcionan adecuadamente, y ello ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección para las enfermedades como hepatitis, cáncer y cólera. Dentro de los principales causantes de contaminación se encuentran las ocasionados por descargas de compañías textiles, alimenticias, químicas y petroquímicas, de bebidas, metalmecánicas, automotrices y de autopartes y productoras de papel.” (3)

El gobierno de Puebla ha favorecido asentamientos humanos como Angélópolis, diferentes conjuntos habitacionales, desarrollos turísticos y zonas residenciales que desde luego demandan agua. En Puebla existen seis acuíferos: Valle de Tecamachalco, Libres-Oriental -Atlixco, Izúcar, Valle de Puebla y Tehuacán. El Acuífero del Valle de Puebla tiene una extensión de 1470 km.2; abastece al 45% de la población del estado, parte del estado de Tlaxcala y 80% de la industria. Para abastecer de agua a la capital y todos los desarrollos habitacionales, residenciales, turísticos y la industria que como se puede observar es la que consume agua en grandes cantidades, se despoja a las comunidades rurales de sus recursos hídricos. Ello ha generado resistencia y movimientos sociales que han tratado de ser desactivados por los gobiernos en turno, por medio de amenazas o con promesas de mejorar las comunidades de donde se extrae el agua, tales como la construcción de jardines de niños, escuelas de nivel medio superior, arreglo de caminos, etcétera, promesas que desde luego el gobierno no cumple y utiliza para confundir y dividir a las comunidades (4).

El gobierno de Moreno Valle se empeña en privatizar los servicios de agua potable, proceso que se está dando en todo el país a través del PROMAGUA (Programa para la modernización de los servicios del agua). Las empresas a quienes se les concesionará el agua son las siguientes: Vivendi, Suez, Aguas de Barcelona, Tecvasa, Bechtel. Las concesiones a estas transnacionales les abre las puertas para que accedan a ganancia ilimitadas, al tiempo que bajan la calidad del agua con multiples riesgos para la población, como la proliferación de enfermedades. Como ha ocurrido con otros servicios privatizados, estas impondrán altas tarifas, cortes de agua a quien no pueda pagar, pérdida de empleos y empeoramiento de las condiciones de trabajo para los trabajadores del agua, al mismo tiempo que se ofrendan altos salarios para los funcionarios de las compañías transnacionales (5).

Ante este panorama hostil para la población trabajadora y sus familias, la organización es inminente. Así como existen comités de usuarios afectados por las arbitrariedades de las compañías eléctricas, o frentes de lucha en contra de las explotaciones mineras y el despojo de tierras, así mismo los trabajadores y las organizaciones de izquierda en Puebla debemos organizarnos, movilizarnos y oponernos firmemente a la privatización de los servicios del agua potable. Debemos obligar a que el gobernador rinda cuentas a toda la población; debe quedar claro cuánto pagan de impuestos las empresas por sus elevados consumos de agua. Debemos demandar penalizaciones económicas por los daños irreversibles que las empresas hacen contra los recursos naturales de toda la población. De las multimillonarias ganancias de las empresas deben salir los fondos para modernizar el servicio de agua del estado. Basta ya de crear multimillonarios a partir de la privatización de los servicios públicos. ¡No a la privatización del agua en Puebla! ¡Por una administración obrera de la ciudad!

1.- http://www.replanet.es/es/reportajes/top-10/los-10-productos-que-mas-agua-consumen/#.U0k5gKaYNBk

2.- http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/sabes-cuantos-litros-agua-se-necesitan-fabricar-auto-noticia-1391052

3.- http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atoyac_%28Puebla%29

4.- http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2012/09/034-RappoVazquez.pdf

5.- http://olca.cl/oca/mexico/agua07.h).

Durante la segunda semana del mes de abril, el gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas desató una ofensiva contra el movimiento social en Puebla. El pasado 6 de abril fue detenida, Enedina Rosas Vélez, Comisariado Ejidal de San Felipe Xonacayuca; dos días después, detuvieron a Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAyT), junto con Abraham Cordero Calderón, integrante de la organización denominada “Los de Abajo” y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada. Al momento de escribir este artículo, se ha dictado auto de formal prisión a los dos primeros luchadores ambientalistas (La Jornada de Oriente, 14/04/14) y días antes, el delegado en Puebla de la Secretaría de Gobernación, Juan Molina Arévalo reveló que serían giradas más ordenes de aprehensión contra los opositores al Gasoducto Morelos.

En este contexto de represión y persecución contra luchadores ambientalistas, se ha denunciado por los medios de comunicación electrónicos, que el pasado viernes 11 de abril, un grupo de personas que se hicieron pasar como campesinos, llegaron a casa del Dr. en Sociología Ricardo Pérez Avilés (profesor investigador de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, comprometido con la lucha social), y amenazaron a su familia, diciéndole que deje de apoyar a las comunidades que se oponen a la imposición del “Proyecto Integral Morelos” que afecta a los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

El Proyecto Morelos fue licitado por la Comisión Federal de Electricidad en junio de 2011, e incluye la construcción de 160 kilómetros de gasoducto. Desde entonces decenas de pueblos de los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla integraron un frente para defender el agua y la tierra; denunciando las consecuencias ambientales, culturales, laborables, patrimoniales y sociales que este proyecto tendrá. Al respecto, hace unos días, el Dr. Pérez Avilés, correctamente declaró que "es la embestida de un capitalismo neoliberal depredador y atroz que en nombre del progreso despoja territorios, contamina y deteriora ecosistemas, y destruye la organización social, despareciendo actores sociales tan importantes como los campesinos e indígenas". En Puebla, dijo además, el gobierno “cumple fielmente con el modelo de acumulación por desposesión: son claras sus actuaciones en el papel de facilitador y en su papel penal y policiaco" (La Jornada de Oriente, 09/04/14). Efectivamente, el gobierno es sólo una junta que administra los negocios de la clase capitalista que lo impuso, también, para reprimir a los jóvenes y trabajadores cuando salen a luchar por mejores condiciones de vida. La detención, una vez más, de luchadores sociales –que de manera pacífica han venido haciendo uso del derecho a libertad de expresión y manifestación que deben existir en un país supuestamente democrático—, ratifica que el Estado es una institución que vela por el interés, no general de la población, sino por los intereses particulares de los empresarios.

Entre más se agudiza la lucha de clases en nuestro país, los derechos democráticos (libertad de expresión, reunión y asociación) también son atacados, mediante el fortalecimiento de la fuerza represiva del estado. En periodos de convulsión social la democracia burguesa deja de ser útil para seguir manteniendo la dictadura del capital. Bajo el capitalismo, la democracia está coartada, mutilada, deformada y limitada, pues sólo se nos permite elegir cada cierto tiempo a los mejores representantes de la burguesía para que sigan oprimiendo y explotando a la clase trabajadora. Por eso debemos seguir luchando por preservar y extender todos los derechos y libertades democráticas. Condenamos el encarcelamiento de los luchadores sociales ambientalistas (al inicio mencionados) y exigimos un alto a la persecución contra los activistas y el movimiento social en su conjunto.

Ante la represión, los jóvenes y trabajadores debemos ampliar y fortalecer nuestras organizaciones para movilizarnos masivamente por la defensa de nuestros derechos democráticos y por la transformación social. Debemos formar un Frente Único de Lucha de todas las organizaciones sociales (FPDAyT, Morena, CNTE), sindicatos y partidos de izquierda en nuestro país, para exigir: ¡Alto a la criminalización y persecución de los luchadores sociales! ¡Liberación inmediata e incondicional de todos los compañeros presos políticos! ¡Respeto incondicional a los derechos democráticos de la juventud y la clase trabajadora! ¡No al Gasoducto Morelos!

I. Introducción

En México la barbarie capitalista actualmente se expresa a través de lo que podría ser calificada como una de las peores carnicerías humanas que se están desarrollando en el mundo entero. La aventura lanzada por el Estado, desde 2006, a través de la supuesta “guerra contra el narco” y el accionar de los propios cárteles de la droga han dejado como saldo aproximadamente 150 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos. En medio de todo ello, entre fuego cruzado, han quedado amplios sectores del pueblo trabajador; víctimas de extorsiones, asesinatos, desapariciones, secuestros, robo de hijas y esposas, entre muchas otras calamidades más.

Los capos mexicanos son ahora los más poderosos del planeta por su determinación para aprovechar exitosamente las condiciones que permitieron un cambio profundo en la división del trabajo en el mercado mundial de drogas; dejando el trasiego en segundo plano para transformase principalmente en productores. Junto con ello, han monopolizado las actividades criminales más rentables además del tráfico de drogas: el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, la trata de blancas, la piratería, el tráfico de inmigrantes ilegales, el contrabando, etcétera. Pero sobre todo, ha sido su capacidad para apoyarse en el capital financiero lo que los ha fortalecido; de esta manera han multiplicado sus ganancias en diez, veinte o hasta más veces. Uno de los cálculos más conservadores sobre el poder económico del narcotráfico señala que éste genera ingresos anuales por 40 mil millones de dólares, únicamente por la venta de enervantes. Aunado a ello, el lavado de dinero les ha permitido penetrar en el 78% de los sectores económicos del país (especialmente el minero, agropecuario, farmacéutico, químico y el área de fideicomisos) de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia. Lo anterior sin olvidar sus negocios legales en aproximadamente 50 países además de México.

Para llegar tan lejos, la mafia del narco necesitó, entre otras, de tres condiciones básicas. La primera, contar con la complicidad del Estado. La segunda, contar con el apoyo del capital financiero. Por último, explotar y oprimir a vastos sectores de la población a través del terror sistemático. El narco mexicano se encumbró al amparo del Estado y del sistema capitalista en su conjunto.

León Trotsky explicó que entre los oprimidos existe un límite moral para tolerar los abusos y la explotación, pero también señaló que en muchas ocasiones, ya que la paciencia se ha agotado, la respuesta de los explotados contra sus opresores incluso va acompañada de la pérdida del miedo a perder la vida. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en algunos puntos del país, lacerados por la lacra del narcotráfico y toda clase de abusos por parte del ejército y los diferentes grupos policíacos. La conformación de grupos de autodefensa armados, integrados por miles de hombres y mujeres, ha sido la respuesta ante la amarga realidad que desangra a México.

En estados como Michoacán y Guerrero, con añejas tradiciones revolucionarias, el fenómeno de los Grupos de Autodefensa y las Policías Comunitarias ha adquirido un excepcional desarrollo. En ambos estados, con fusil en mano, estos grupos han logrado replegar a los cárteles de la droga a un grado tal que ya se contabilizan por algunos cientos el número de comunidades e incluso pequeñas ciudades que les han sido arrebatadas a las bandas criminales. En apenas unos meses, a partir su aparición a principios del 2012, los Grupos de Autodefensa lograron importantes éxitos militares, mismos que no había tenido el Estado en años de “guerra contra el narco”, a pesar de su poder de fuego por medio del Ejército y la Policía Federal (militarizada).

Además del problema de la violencia, el movimiento de los Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias también surge como una expresión del descontento del campesinado ante la política estatal de socavar el agro mexicano. Son ya más de tres décadas en las que se ha llevado a la ruina entera al campo por diferentes medios, incluidos el despojo de miles de hectáreas a miles de familias campesinas. En los últimos años se ha producido un proceso de concentración de tierras propio del Porfiriato y gracias al cual, por ejemplo, la industria minera se ha apropiado de una cuarta parte del territorio nacional.

Así, esa doble depredación, la provocada por el capitalismo a través de fenómenos extraordinariamente decadentes como es el narcotráfico y la generada por las propias políticas del Estado para apalancar la concentración del capital, es la que subyace y explica la determinación de un sector, no marginal, del campesinado pobre para organizarse por medio de la vía armada. Las Policías Comunitarias y los Grupos de Autodefensa son un hecho muy positivo y progresista, que está marcando un punto de inflexión -¡Y de qué manera!- en la lucha de clases. Su contenido revolucionario no sólo radica en que es un movimiento de campesinos armados, sino sobre todo en que es un movimiento de masas. No se trata de una expresión guerrillera; aislada de las comunidades, por el contrario es un movimiento surgido de éstas y que ha contado con la capacidad para arrinconar al Estado, con relativa facilidad, creando abiertos embriones de doble poder en la mayor parte de aquellos lugares donde tienen presencia. Su esencia revolucionaria también radica en que son un ejemplo para el resto de la clase trabajadora y del campesinado pobre sobre el camino a seguir en la lucha contra los explotadores. El auge durante el último año del movimiento de las Autodefensas demuestra que las tradiciones de la Revolución Mexicana de 1910, forjadas por los ejércitos de Villa y Zapata, están vivas y pueden resurgir entre una capa aún mayor de campesinos pobres, jornaleros agrícolas y dentro del proletariado urbano.

De ahí la insistencia del Estado para tratar de copar a los Grupos de Autodefensa, dividirlos, desorganizarlos y desarmarlos. La burguesía está muy interesada en frenar a estos grupos antes de que su ejemplo conecte con el descontento que generan los ataques contra el conjunto de la clase trabajadora. Sin embargo, esa misma razón es la que ha hecho temblar a algunos dirigentes e intelectuales de izquierda que acusan a los Grupos de Autodefensa de ser paramilitares y obra del Estado burgués: Ese es un análisis totalmente erróneo, que le es útil a la derecha en sus objetivos de desprestigiar a los campesinos y trabajadores alzados en armas en Michoacán y Guerrero para tratar de aislarlos y crear condiciones para su derrota, incluso de forma sangrienta. Esos mismos intelectuales son los que, con temblor en las rodillas, en 1994 acusaron al EZLN de ser “obra de Salinas”.

Rechazamos categóricamente toda esa clase de argumentos y por el contrario saludamos el auge del movimiento de las Autodefensas y Comunitarias. Nuestra posición no la establecemos con base en el entusiasmo revolucionario -¡Pero vaya que anima la lucha heroica del campesinado!- sino en el análisis científico de la realidad, asumiendo el punto de vista de los explotados, es decir a través del cristal del materialismo dialéctico de Marx y Engels. A lo largo del presente texto, Militante analiza las causas que han dado origen al movimiento de los Grupos de Autodefensas y Policías Comunitarias. Estudiamos su desarrollo durante el último año de su existencia así como también señalamos el programa, los métodos y el camino que deben seguir para extender y reforzar su lucha en otras latitudes del país.

Consideramos necesario que los trabajadores de las ciudades tengan un concepto adecuado de la lucha del campesinado pobre para así vincularse a ella, fortaleciéndola e integrando sus propias demandas.

Los Grupos de Autodefensa y las Policías Comunitarias pueden vencer, a estas alturas ya han dado sobradas muestras de ello. La condición para que la victoria contra sus enemigos no sea temporal ni efímera, asimismo para que este heroico movimiento no sea aplastado por el Estado; es que deben enarbolar un programa político en el que además de la problemática del narco, se planteen la lucha abierta contra el capitalismo; acompañado sus acciones con una táctica de lucha que los organice a nivel nacional y que los vincule con la lucha de los trabajadores de las ciudades.

El auge de los Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias representa un gigantesco paso al frente de los oprimidos en su lucha contra los opresores, por lo tanto, la clase trabajadora de todo México debe brindarles su apoyo. Con el presente análisis, Militante contribuye con éste último objetivo.

México D.F., marzo del 2014

II. Los orígenes de la guerra… ¿contra el narco?

El narcotráfico antes del 2006

El narcotráfico en México ha sido un fenómeno económico, político y hasta cultural que adquirió cierta importancia en los años cuarenta del siglo pasado, cuando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial quedaron rotas las redes entre los productores asiáticos y los consumidores norteamericanos. A partir de ese momento, la clase dominante en proceso de caótica reorganización tras las últimas embestidas de la Revolución Mexicana, se vio atraída a éste negocio, animados por “emprendedores” norteamericanos. Cada eslabón del negocio surgió como parte de una misma cadena: terratenientes, empresarios, políticos priistas, instituciones del Estado y del Ejército, cada uno de ellos ocupaba más de una posición, era imposible separarlos en cada una de sus funciones, formaban un todo.

El régimen priista se caracterizó por la centralización del poder en la figura del presidente. Éste era el encargado de dirimir las desavenencias entre la clase dominante. Durante sus inicios, el negocio de las drogas estuvo fuertemente controlado, las disputas regionales y estatales eran acotadas por la fuerza del poder ejecutivo y los altos mandos del Ejército. Sin embargo, los cambios económicos a nivel mundial, la entrada del llamado “neoliberalismo” dio al traste con este sistema político que culminó con la salida del PRI de la presidencia, en el año 2000, después de haberla ejercido durante 71 años. Paralelamente al declive del priismo, durante las décadas de los ochenta y noventa, la presión sobre los cárteles de la droga en Colombia colocó a los cárteles mexicanos como los líderes del negocio.

El primer gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox (2000-2006), culminó envuelto en todo tipo de escándalos de corrupción, algunos de ellos relacionados con el narcotráfico. En esa época se fugó “El Chapo” Guzmán de un penal de máxima seguridad y los asesinatos alcanzaron una cifra alarmante: 74 mil homicidios al finalizar el sexenio. Ese sería el preludio para en el sexenio siguiente llegar a los más de 101 mil homicidios durante el sexenio de Calderón. Al respecto, la ONU determinó que entre 2007 y 2010 México ocupó el primer lugar mundial en el incremento en la tasa de homicidios, esta creció 29.3% (1).

Lucha de clases y ruptura del equilibrio capitalista

La clase dominante en México se encontraba aterrorizada, las elecciones presidenciales del año 2006 generaron un ambiente de movilización sin precedentes. La clase trabajadora mexicana se sumaba a la oleada revolucionaria que había llevado al poder a gobiernos de izquierda en Venezuela (1999), Brasil (2003), Argentina (2003), Bolivia (2006) y Chile (2006).

La clase trabajadora se encontraba en un estado de especial agitación en todos los frentes. A principios del año el sindicato minero, afiliado al PRI, rompió por primera vez, en casi un siglo de historia, con la disciplina del partido y encabezó una lucha donde convocó a dos paros nacionales de todo el sector minero-metalúrgico. En ese momento la confrontación ya era abierta, así que el gobierno decidió reprimir la huelga de los mineros del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, semanas antes del Día del Trabajo. Las consecuencias fueron la derrota aplastante de la policía militarizada y la creación de un frente que agrupó a las centrales sindicales corporativas: CROC y CROM y la central sindical independiente UNT, ligada al partido del candidato de la izquierda. El régimen estaba carente de alternativas por lo que repitió la receta de la represión semanas más tarde.

En Oaxaca, los profesores que se encontraban en plantón por aumento salarial fueron cruelmente reprimidos a finales de mayo, lo que dio pie a un levantamiento en todo el estado. Para principios de junio, a menos de un mes de las elecciones, el gobierno había huido de la capital del estado, quedando el control en manos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La situación era de una dualidad de poderes. Hasta dónde había escalado la lucha, que el frente común de sindicatos afiliados al PRI y la UNT se vieron presionados y amagaron con realizar una huelga general contra el gobierno ¡una semana antes de las elecciones!

Pero eso no era todo. La agitación política seguía su curso de sur a norte: en Estados Unidos, entre abril y mayo del 2006, se vivieron las manifestaciones más numerosas y desafiantes que nunca antes hayan protagonizado los trabajadores inmigrantes, la mayoría latinoamericanos. El punto culminante se alcanzó el 1 de mayo, con un paro general donde se calcula que participaron un millón de trabajadores, realizándose movilizaciones multitudinarias en las ciudades más importantes de la Unión Americana. Todo era un claro reflejo del acenso de la lucha de clases en el continente que ahora incluso tocaba las puertas de EUA. El imperialismo tenía totalmente claro que bajo ningún concepto permitiría la llegada de un “nuevo Hugo Chávez” junto a su frontera.

El fraude electoral que le dio el “triunfo” a Calderón, una vez más empujaba la lucha al punto del desbordamiento. En los dos meses posteriores a las elecciones del 6 de julio se produjeron las movilizaciones más concurridas en la historia del país; la primera con más de un millón de personas, seguida de otra de más de dos millones, alcanzándose el punto culminante en el mes de agosto con más de tres millones al grito de: “¡Si no hay solución, habrá revolución!” La situación para la burguesía, el gobierno mexicano y norteamericano, era casi desesperada, pero no tenían más remedio que seguir adelante.

La guerra contra la clase trabajadora

Años más tarde se supo que Calderón, ya como presidente electo , solicitó al ejército que reprimiera las manifestaciones contra el fraude. A un sector de la clase dominante no le bastaban las intenciones de Obrador para que el movimiento “no se desbordara”, necesitaban garantizarlo por su propia mano. El ejército se negó, comprendían que lo ocurrido en Michoacán, pero sobre todo en Oaxaca, se podía repetir a escala nacional volviendo la situación incontrolable. Además del fracaso de los anteriores intentos de represión, otro poderoso argumento de los generales era que el más del 70% de la tropa había votado por López Obrador. Todo apuntaba a que la represión abierta generaría más problemas que soluciones.

Finalmente, Obrador logró que el movimiento no escalara en líneas revolucionarias, el argumento: quería evitar un baño de sangre. Pero la clase dominante no estaba conforme, tenía claro que los millones que se habían movilizado ejercerían una presión enorme sobre el nuevo gobierno. La burguesía necesitaba crear una situación de terror que le permitiera implementar toda una serie de medidas para inhibir la lucha y la organización de la clase trabajadora. En ese marco se declara la llamada “guerra contra el narco”. Diez días después de asumir la presidencia, Calderón anunció la militarización del país: ordenó la movilización de la mitad del ejército, entre 60 mil y 70 mil soldados fueron enviados a diferentes puntos del país además de un número similar de policías federales. Con la llamada “guerra contra el narco” Calderón pretendía ganar la legitimidad que no logró a través de las elecciones y de paso poner al servicio del Chapo Guzmán el aparato del Estado en la disputa por el mercado y las rutas de la droga entre los diferentes cárteles. En resumen, desde su punto de vista, conseguía la excusa adecuada para militarizar el país y de paso criminalizar al movimiento obrero, todo ello quedó reflejado en la llamada “ley antiterrorista” (Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública) aprobada en diciembre del 2008.

Confrontar superficialmente el negocio del narcotráfico, parecía ser un asunto del cual el gobierno podría sacar provecho en varios sentidos. Urgido de legitimidad, Calderón esperaba movilizar a la “opinión pública”, a la pequeña burguesía e incluso a sectores de la clase trabajadora en rededor suyo, so pretexto de que por fin, alguien pondría orden a los violentos delincuentes. La movilización del Ejército también tenía el objetivo de reforzar el prejuicio de los dirigentes de izquierda, los cuales insistían una y otra vez que era mejor limitar las manifestaciones de lucha, ante el peligro de la represión por parte del Estado. Por último, era una realidad que el negocio del narcotráfico se encontraba en expansión, sentía cada vez más confianza y se movía de forma más independiente a la voluntad centralizada del Estado. La “guerra contra el narco” le debería devolver a Calderón las riendas del negocio, meter en cintura a los políticos de cualquier signo; utilizando sus vínculos con el narcotráfico para quitarlos del camino y hacer avanzar a su fracción dentro de su partido.

Como no podía ser de otra manera, el imperialismo norteamericano era un orquestador clave de esta campaña. Definitivamente compartían el afán de sosegar a la clase trabajadora, no obstante su posición era bastante distinta a la del gobierno mexicano. La alianza que establecieron no era un pacto entre iguales. El gobierno norteamericano estaba dispuesto a obtener el máximo provecho de la fragilidad del gobierno de Calderón en favor de sus propios intereses.

Los objetivos de EUA en la “guerra contra el narco”

La “diplomacia” norteamericana encontró en los turbulentos acontecimientos del 2006 el último impulso que necesitaba para imponer su política. Así lo describe el periodista Carlos Faszio:

“En mayo de 2005, dos meses después de la creación de la Aspan (extensión del TLC), se divulgó el informe Construcción de una comunidad de América del Norte, en cuya elaboración participaron un grupo de mercaderes comisionistas locales, como el embajador Andrés Rozental, el salinista Pedro Aspe y el ex subsecretario de Comercio, Luis de la Calle. Pero el embate final del complejo militar industrial estadounidense comenzó inmediatamente después del fraude electoral de julio de 2006, cuando en plena transición y bajo la batuta del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; Mouriño, Sarukhán y Cordero asistieron en el hotel Fairmont Banff Springs, de Alberta, Canadá, a un cónclave secreto con ministros, altos ejecutivos –entre ellos los de la petrolera Chevron, Bechtel y Lockhedd Martin, la mayor contratista de armas del mundo– y militares cinco estrellas, incluido el almirante Tim Keating, jefe del Comando Norte.

Aprovechando el "ánimo reformista" de Felipe Calderón y su equipo de transición, se habló entonces de cómo "ceder soberanía nacional a favor de una Norteamérica más fuerte". La reunión se centró en la interrelación entre los sistemas de defensa, militarización, seguridad nacional, fronteras, migración, producción de equipo militar y control sobre los recursos energéticos de Norteamérica”.

Además del contenido, también se definió de forma explícita la forma en que serían presentados los acuerdos económicos, para darles una apariencia amistosa: “El resumen confidencial de Toronto lo dice con claridad, “los integrantes del GIT acordaron en general que [...sus] recomendaciones serán tomadas más en serio en tanto se pongan en un contexto de profundas preocupaciones sobre seguridad; por ejemplo, una mayor cooperación regional sobre energía podría presentarse como una respuesta a preocupaciones relacionadas con la seguridad” (2).

Al término del sexenio de Calderón, el gobierno norteamericano logró ejercer una influencia como nunca antes la había tenido sobre el aparato represivo del estado. Agencias como la DEA y el FBI lograron instalarse legalmente en el país, dándole al gobierno norteamericano la posibilidad de jugar un rol independiente en la administración del negocio del narcotráfico, al margen de su “aliado”. No en balde durante el sexenio pasado se acuño el término “afganización”, haciendo referencia a la enorme influencia y capacidad de operación independiente del Estado norteamericano en México.

Pero en última instancia, para los intereses imperialistas “el combate al narcotráfico” también era una simple fachada, sus objetivos eran mucho más ambiciosos y se cernían sobre el conjunto de la economía del país. En palabras de Rishchynski, un alto mando militar canadiense:

“La palabra que se escuchaba hace 15 años cuando entró en vigor el TLC, era ‘exportar’; ahora es la palabra ‘integración, porque ahora ya no se trata solo de vender de uno a otro, sino de producir de manera conjunta para mantener la competitividad mundial”, acotó.

Para Rishchynski, la clave del éxito en el futuro de la relación económica trilateral es pensar menos en lo nacional y más en lo regional para poder atacar mercados globales y aprovechar la plataforma norteamericana. Tenemos que entender que ésta es la nueva modalidad que no es simplemente el hecho de exportar y vender, sino cómo bajar las barreras para permitir este circuito integrado y poder mejorar aún más, reducir costos, ampliar la tecnología y tener acceso a la mano de obra calificada”(3).

La política del imperialismo yanqui quedó plasmada en la llamada Iniciativa Mérida, firmada por Bush y Calderón en junio del 2008, misma que hasta 2012 había significado la inversión del imperialismo en México de 2 mil 143.2 millones de dólares, siendo destinados el 88% de ellos al ejército, la policía y el aparato judicial.

Sí, la “guerra” en el fondo era para asegurar que México, lejos de abrirse a una situación revolucionaria como la de Venezuela o Bolivia, siguiera proveyendo de mano de obra barata, recursos naturales y energéticos al imperialismo norteamericano, pertrechándolo así en su guerra comercial contra China y otros países. En este contexto fue que en el 2009 lograron abatir los salarios industriales en México, los cuales llegaron a ser 19.6% más baratos que en China. Simultáneamente han incrementado la productividad de forma sostenida desde ese mismo año y hasta el 2013. ¡He aquí los éxitos de la “guerra contra el narco”! ¡Eh aquí por qué la guerra debe continuar, inhibiendo una respuesta de gran envergadura de la clase trabajadora contra los capitalistas!

Una guerra inter-burguesa

La política de Calderón estuvo muy lejos de ser idílica para la clase dominante. A lo largo de todo su sexenio la estabilidad capitalista se rompió por todos los frentes. La clase trabajadora de ninguna manera estaba aniquilada y seguía poniendo un obstáculo tras otro a los planes de la burguesía. En 2008 estalló la crisis económica mundial y un año después el PIB nacional calló un 6.5%, en ese año la economía mexicana fue la más golpeada de todo el continente. Los peces gordos de la economía nacional protagonizaban sendas batallas entre sí; los partidos de la burguesía –PRI y PAN- se atacaban sin recato. El imperialismo entraba con decisión para asegurarse sus propios beneficios, desplazando y pasando por encima de sus anfitriones. El negocio del narcotráfico crecía como la espuma, lavando miles de millones de dólares, aprovechando la urgencia de los bancos por capitalización. El Ejército, la Marina, la Policía Federal y las Policías Municipales actuaban cada una por su cuenta y cada una de estas instituciones estaba en sí misma fragmentada; cada pedazo inconexo de ellas obedecía a su propio “jefe”; ya fuera éste de uno u otro grupo del narcotráfico o del propio gobierno: ¿qué gobierno? Había quién sobre todo atendía al gobierno norteamericano y otros al mexicano. Todos estos factores interactuaban entre sí, era imposible controlarlos y todos tendían a socavar al Estado, el cual era como un animal débil, herido y acechado; que con todo y todo, atacaba para sobrevivir. El país estaba en una crisis perfecta.

El objetivo de Calderón de ninguna manera era acabar con la economía del narcotráfico, le interesaba acotar sus manifestaciones más extremas, en aquella parte que tenía que ver con la creciente violencia e inseguridad pública. En el mejor de los casos, el grupo de panistas en la presidencia aspiraba a recuperar el papel rector del Estado y de la presidencia en el negocio de las drogas. Una prueba de ello, es que más allá de los enfrentamientos militares, las detenciones de capos, los decomisos de drogas y armas, la columna vertebral del negocio, su sector financiero, creció: un año antes de terminar el sexenio el lavado de dinero había aumentado en un 105% respecto a todo el sexenio anterior (4). Para cuando terminó el sexenio, un comparativo entre la información publicada por la PGR en México y el Departamento de Estado de EUA, revela que únicamente se decomisó el .09% de todo el dinero blanqueado proveniente del narcotráfico (5).

Algunos analistas que se precian de tener un conocimiento profundo del tema, han señalado el “error” de la estrategia gubernamental al no haberse concentrado en atacar las redes financieras del negocio del narco. Presentando la situación como un error de estrategia se niegan a reconocer la imposibilidad de que el gobierno impuesto por los empresarios del país, atacara los intereses vitales de este mismo grupo social. Por otro lado es imposible separar aquellos sectores de la economía influenciados por el dinero del narcotráfico de los que supuestamente están libres de esa influencia. Luis Astorga, en su libro “El Siglo de las Drogas”, plantea que las ganancias del narcotráfico están vinculadas con el 75% del conjunto de la economía. El vínculo tan estrecho entre los capitalistas que controlan la vida económica del país y el negocio multimillonario de las drogas, fue lo que llevó la estrategia de Calderón al atolladero. Ni los capitalistas ni los políticos burgueses, en la práctica, estaban dispuestos a perder sus ganancias, ni siquiera para darle un poco de legitimidad a su propio gobierno.

El hecho de que la presidencia se mostrara impotente para limitar las disputas de los grupos rivales del narcotráfico terminó por acentuar el carácter independiente del negocio, que además, se encontraba en plena expansión: mientras tenía acceso a mayores recursos económicos, más influencia podía comprar en el aparato del Estado. Por si fuera poco, el propio imperialismo también era consciente de que entre más débil era la cohesión interna del aparato del Estado mejores eran las concesiones que podía arrancarle. Así fue que la presidencia y las cámaras de diputados y senadores aceptaron sin rechistar la entrada al Acuerdo Transpacífico; que subordina, aún más, a Chile, Perú y México en la batalla de EUA contra China; aprobaron también la explotación de Estados Unidos de los yacimientos petroleros del Golfo de México; aceptaron la victoria completa de la agroindustria norteamericana y sus semillas transgénicas sobre los productores de maíz y como colofón, la privatización del petróleo en las mejores condiciones para las empresas norteamericanas. Así es como se explica el “error” de la agencia norteamericana ATF, donde en el operativo denominado “Rápido y Furioso” -que por cierto, no fue el único en su tipo-, entregó más de 1700 armas de alto poder a distintos grupos de narcotraficantes para “seguirles la pista”, sin el consentimiento y a espaladas de cualquier institución del gobierno mexicano. El objetivo era someter al Estado para seguir “negociando” con él.

El ejemplo más importante de cómo las divisiones y enfrentamientos a escala mundial de los intereses imperialistas son los que han dominado la situación caótica del país, lo representa el juicio que en 2011 perdió el banco HSBC, el más importante de Europa, en una corte estadounidense, por lavado de dinero. HSBC aceptó pagar una multa de 1,900 millones de dólares por lavado de dinero de diferentes países, incluidos México y Colombia, por un monto total de 881 mil millones de dólares entre 2006 y 2010. La multa representó menos del .5% del total de dinero involucrado (6). Estas ganancias colosales se produjeron a costa de la sangre de cientos de miles de pobres en nuestro país.

Balance de la guerra capitalista

La guerra económica, política y militar entre capitalistas, ha dejado a millones de trabajadores en la pobreza. El saldo durante el sexenio de Calderón es de 12 millones de nuevos pobres; la cifra global de pobreza alcanza los 98 millones, el 81.6% de la población del país (7). El resto oficialmente “no pobre” está muy lejos de tener una vida digna, la pequeña burguesía también se ha visto mermada. Entre los “no pobres” se destacan y separan los ricos (hace años López Obrador hablaba de las 60 familias que controlan el país): los dueños de la banca, la tierra, la industria, el narcotráfico y el Estado. Las pugnas internas de éste último , su afán de doblegar al proletariado, su falsa guerra contra el narcotráfico dejó un saldo, entre 2006 y 2012, de más de cien mil asesinatos; el gobierno reconoce que por lo menos 70 mil se asocian directamente con la “guerra contra el narco” ; más de 20 mil desaparecidos; más de 140 mil desplazados. Sólo en la región de Tierra Caliente en Guerrero se contabilizan 5 mil niños huérfanos producto de la violencia del narco. Conforme las cifras que intentan cuantificar la barbarie se alejan de las oficinas y se acercan más a los barrios pobres, crecen hasta hacerse inconmensurables.

Durante estos años, toda una serie de conquistas en el ámbito social, económico y político, han quedado totalmente anuladas. En vastas porciones del país la ley que vale es la de los narcotraficantes, coludidos y amparados por los grandes capitalistas, por los caciques de la política que controlan el Estado. Al principio fueron sometidos a la lógica de la ley impuesta por el narcotráfico los pueblos más remotos, luego los municipios de cierta importancia, luego las ciudades y por último los centros económicos y políticos más importantes del país; como Monterrey, Guadalajara y el Estado de México. El ambiente opresivo, de impunidad, de guerra unilateral contra los trabajadores es totalmente propicio para que el sistema capitalista avance, arrebatando conquistas laborales, privatizando empresas, saqueando las arcas del Estado y en última instancia, haciendo por demás complicada la participación política, consciente y revolucionaria de los sectores más oprimidos por el capitalismo; con los cuales se ha ensañado.

La propaganda oficial ha tratado de vender la idea de que hay muertes que valen la pena: la de los narcotraficantes. Presentan a los sectores explotados más bajos, al lúmpen, anulados de cualquier rasgo de humanidad a lo largo de toda su existencia, como los trofeos de la guerra. Marcela Turati, periodista que ha documentado el calvario de las víctimas del negocio, refleja de la siguiente manera el estatus social promedio de los narcotraficantes asesinados y de las personas comunes que “desafortunadamente” fueron víctimas de una bala perdida, de una “confusión” o de un “exceso” de los narcos, de los militares o de ambos:

“Los muertos de la guerra… tienen rostro de joven de 24 a 35 años, de sexo masculino, habitante de la frontera norteña. Estaba casado, si no es que vivía en unión libre. Era padre. No tuvo más que la educación básica. Siempre fue pobre. Murió de forma violenta. Si tuviera que describirse en uno solo, este sería el perfil que compartirían la mayoría de los asesinados del sexenio. Un retrato idéntico al de su homicida, que sólo varía en la edad: era cinco años más joven. Víctima y victimario son reflejos del mismo espejo” (8).

En última instancia, quien sobre todo necesitaba ponerle un freno a esta masacre, era la clase trabajadora, para ello se ha visto obligada a desafiar los métodos represivos acordados desde la Casa Blanca. El grueso de los dirigentes de izquierda, intelectuales “progresistas”, “sesudos” analistas: todos los que han renegado de la necesidad de la revolución social, afirmaban que era imposible derrotar al monstruo del narcotráfico y en cierto sentido lo era, hasta que campesinos, jóvenes, trabajadores y algunos de los sectores de la clase media se organizaron y lo hicieron realidad.

Fuentes

1. México. 101 199 homicidios dolosos en el sexenio de Calderón.(2012-11-27). El Diario. Consultado en http://www.eldiariony.com/homicidios-dolosos-Mexico-101,199-sexenio-Calderon

2. Fazio C.(19 de septiembre 2011). Cordero, la Aspan y 2012. La Jornada. México. Consultar http://www.jornada.unam.mx/2011/09/19/opinion/033a1pol

3. Ágora, Tres naciones, una voz, No 3, Vol 4, EUA,2011. Consultado http://agorarevista.com/es/articles/rmim/features/first-glance/2011/07/01/feature-pr-08

4. B de M: en dos sexenios panistas el crimen lavó mas de 46.5 mil mdd. (2011-11-29). Jornada Consultar http://www.jornada.unam.mx/2011/11/29/economia/025n1eco

5. Flores N. (2012- 07-12). Cárteles lavan 3 billones en el sexenio de Calderón. Contralínea. Consultar http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/07/29/carteles-lavan-3-billones-en-sexenio-de-calderon/

6. Notimex (2012-11-12) HSBC acepta pagar monto histórico por lavado de dinero. El Economista. Consultar http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/12/11/hsbc-acepta-pagar-multa-historica-lavado-dinero

7. Pérez M. González S. (2013-07-29) . Bolvinik: el número de pobres creció en 12 millones con Calderón La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2013/07/29/sociedad/037n2soc

8.Turati M. (2012-12-29). Narcoguerra: los rostros de víctimas y victimarios. Proceso. Recuperado http://www.proceso.com.mx/?p=329023v

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En las últimas semanas hemos sido testigos de una más de las provocaciones montadas por el Gobierno Federal contra nuestra máxima casa de estudios, con la intensión de justificar la criminalización de la juventud así como avanzar en la ofensiva contra la educación pública superior en nuestro país. Diversas interpretaciones son las que existen sobre los acontecimientos del lunes 3 de Marzo en el Auditorio Che Guevara, pero en su mayoría sólo reafirman las obvias diferencias entre diversos grupos sin considerar el contexto en el cual se han desarrollado tales hechos. Por su parte las autoridades sólo han planteado la ilegal ocupación del espacio y denunciado el uso irracional de la violencia para dirimir los conflictos, pero siendo excesivamente cautas para plantear una postura y un análisis que de claridad a la comunidad sobre estos sucesos. Ello no es cuestión menor, sino que evidencia una cautela propia que deriva de la lectura sobre tales acontecimientos así como el cálculo político para salir bien librados de esta coyuntura.

Por un lado, los actuales ocupantes sólo asienten al acusar a otros grupos por los sucesos pero sin reconocer que la gestión actual no ha logrado hacer accesible el espacio a los miles de integrarse de la comunidad como un recinto político, académico y cultural. Generando incluso una imagen para el espacio que ha favorecido las campañas de descrédito a la organización de estudiantes y trabajadores, provenientes tanto de Rectoría como de actores políticos externos a la universidad. Por otro lado, las autoridades universitarias acusan de ilegal la ocupación del espacio y de que este no es accesible para la comunidad. Pero callan cínicamente cuando los jóvenes solicitamos los espacios institucionales, negados en la mayoría de los casos ante el temor de que sirvan de referentes que demuestre que es posible organizarse y luchar por la mejoras de nuestra universidad y nuestro mundo. Ambas posiciones, a pesar de su discurso, no garantizan que el auditorio pueda ser un espacio de la comunidad universitaria que realmente esté disponible para ésta.

Ambas, tanto autoridades como los grupos que se encuentran en el auditorio, han olvidado y relegado de nueva cuenta a la comunidad universitaria. Los primeros por temor a que el espacio sirva como espacio de organización para la comunidad, y los segundos por su incapacidad de hacer el espacio accesible para la misma. Pero somos los profesores, los trabajadores y los estudiantes quienes en última instancia podemos no sólo darle vida y uso adecuado al espacio, sino a quienes se debe. Si ninguna de las dos posturas garantiza que el espacio esté abierto a la comunidad, entonces sólo la comunidad misma puede impulsar una dinámica distinta para desarrollar el espacio de modo adecuado. Por ello es que llamamos a la formación de una Comisión Tripartita de profesores, trabajadores y estudiantes a partir de la cual pueda administrarse el espacio sin la intervención política de las autoridades universitarias y su uso discrecional, para superar su situación actual. Permitiendo que el espacio esté abierto tanto para actividades académicas como culturales y políticas; tanto para los miembros de la FFyL como para el resto de la comunidad universitaria y el conjunto del pueblo mexicano que mantiene a la universidad con su trabajo.

Creemos que sólo de este modo el Auditorio Che Guevara podrá realmente volver a manos de la comunidad. Siendo tanto un espacio académico fundamental como un espacio cultural y un bastión del movimiento obrero y juvenil. Garantizando su reapertura para toda la comunidad universitaria.

En el marco de la conmemoración de 15 años de lucha del Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública (CEDEP) y en colaboración con la Fundación Federico Engels, iniciamos este 2014 con la realización exitosa de la primera Mini Feria del Libro Marxista en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), los pasados 18, 19 y 20 de febrero.

En esta ocasión, fue la explanada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, a donde acudieron estudiantes de Antropología, Economía, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales, Administración y Biología (entre otras licenciaturas) para adquirir obras clásicas del marxismo, revistas, periódico y playeras. Con su apoyo, podremos seguir publicando y acercando a más estudiantes y trabajadores la literatura del socialismo científico, con el objetivo de dotarlos de la teoría revolucionaria que cuando sea apropiada por las masas se convertirá en una fuerza material capaz de transformar la sociedad.

A la par con la Mini feria del Libro Marxista, el miércoles 19 de febrero, llevamos a cabo una charla pública sobre las “Perspectivas para la juventud en México”. Fue en el Auditorio de la Escuela de Biología, donde se dieron cita estudiantes universitarios que, durante y al finalizar la plática, mostraron un notable interés por conocer más acerca del “Programa de la Juventud” que defendemos en el CEDEP.

Fue un compañero del CEDEP quien inicio dando una perspectiva general de la problemática que, en el contexto de la actual crisis mundial del capitalismo, enfrenta la juventud a nivel internacional. Relató cómo el Sindicato de Estudiantes del Estado Español, la organización hermana del CEDEP, ha tenido grandes logros por medio de la organización y movilización constante por la defensa de la educación pública para los hijos de los trabajadores. Luego explicó cómo los estudiantes y jóvenes en México también nos enfrentamos a las graves consecuencias de la crisis económica y las llamadas “reformas estructurales” (laboral, educativa, fiscal y energética), hace poco aprobadas por los gobiernos del PAN y el PRI.

Las condiciones de vida de la población en nuestro país se han venido precarizando a tal grado que los jóvenes, siendo uno de los sectores más golpeados, están buscando canales de expresión para transformar su realidad. Tal fue el caso de la participación activa de los jóvenes en el movimiento #Yosoy132 (durante el año 2012), el cual debido a la falta de una dirección y programa claro de lucha se fue diluyendo. No obstante, quedó de manifiesto la disposición a luchar por parte de los jóvenes y la necesidad de seguir construyendo una organización combativa, nacional y permanente, armada con el programa de lucha por el socialismo. Sólo con una organización así, que esté preparada y entrenada, podremos frenar los próximos embates de la derecha política y defender la escuela pública para los hijos de los trabajadores.

Varios de los estudiantes asistentes, coincidieron con nosotros sobre la importancia de que los jóvenes contemos con una organización, métodos correctos de lucha y programa político claro, así como de vincular nuestras demandas estudiantiles con la lucha de la clase trabajadora por mejores condiciones de vida para la mayoría de la población en nuestro país, y mostraron interés en participar dentro del CEDEP.

¡Espera la próxima Mini Feria del Libro en la BUAP!

¡Afíliate al CEDEP y luchemos juntos por una educación pública, científica, democrática y de calidad!

El 13 de febrero la revista internacional Times publicó un adelanto de su portada, su diseño era totalmente irreverente; nadie se podía explicar porqué aparecía, al centro, la imagen de Peña Nieto: sacando el pecho, orgulloso, satisfecho, con el epígrafe “Salvando a México”. De inmediato los representantes del gobierno se vieron hostigados por los periodistas con la pregunta ¿cuánto pagaron por la portada? Y es que la escena simplemente no venía al caso. Nadie se imaginaba que dos días antes de que la revista finalmente saliera a circulación “El Chapo” Guzmán sería aprendido, y entonces sí; todo el show cobraría sentido.

Las autodefensas rompen el mito del narcotráfico

Es un lugar común el hecho de que el gobierno de Peña busca legitimarse con la detención del capo “más buscado del mundo”, para ello cuenta con toda una campaña internacional. Sin embargo, el aspecto más importante a saber es por qué los empresarios más acaudalados del país, sus televisoras, agencias como la DEA y el gobierno norteamericano en su conjunto han tenido que derrumbar oficialmente una imagen construida, durante más de una década, sobre el supuestamente todo poderoso narcotráfico en México, encarnado en la figura de Guzmán Loera.

Después del asesinato de Osama Bin Laden, el gobierno norteamericano situó a los jefes del narcotráfico en México y muy en particular a “El Chapo” como el enemigo público número uno de la unión americana, ofrecían cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. La policía de la ciudad de Chicago, contribuyendo a la mitología, planteó que “El Chapo” había superado a Al Capone en cuanto a su capacidad de violencia y corrupción. La revista Forbes lo colocó, desde 2009 hasta el 2012, como uno de los 100 hombres más poderosos del mundo, además de uno de los más ricos con ingresos anuales calculados hasta en 3 mil millones de dólares. En la prensa internacional era imposible no asociar a México con muertos, droga y “El Chapo”.

El derrumbe de la mitología del narcotráfico en México, como una fuerza toda poderosa, ante la cual únicamente el gobierno, sus soldados e instituciones podían hacer algo para defender a los de a pié, fue obra de los grupos de autodefensa y policías comunitarias que no sin extremas dificultades se han extendido y fortalecido desde finales del 2012. Estos grupos de campesinos y trabajadores armados han enfrentado exitosamente al ejército conjunto del narcotráfico y el Estado, decidiendo en asambleas democráticas el futuro de sus pueblos, sobre todo en el ámbito de la seguridad pública. Este movimiento que a pesar de no tener una política totalmente acertada en cuanto a su relación con el estado burgués; en el cual aún depositan una confianza parcial pero injustificada, es a pesar de sus errores y carácter inacabado, un ejemplo revolucionario para toda la clase trabajadora. La lección más importante que han demostrado es que el proletariado organizado puede acabar con los problemas, incluso los más complejos, que provoca el capitalismo. Esta lección es la que ha cimbrado al gobierno de México y EUA, no les ha quedado otra alternativa más que intentar ganar legitimidad con la aprensión de la cara más pública del narcotráfico.

La detención de “El Chapo” definitivamente no estaba en el guión del gobierno. Declaraciones públicas del ex director de la DEA Phill Jordan, han planteado lo obvio; el Cartel de Sinaloa participó en el financiamiento de la campaña presidencial de Peña Nieto. El “marketing” del Chapo - mezcla de verdades y exageraciones- se construyó conscientemente para vender la idea de que existía una fuerza únicamente equiparable a la del Estado. Todo el país estaba azotado por una peste que no tenía remedio, era obligado invocar fuerzas allende la frontera norte para hacerle frente al monstruo. En esta guerra eterna entre los gobiernos y el narco, paradójicamente, había un tercero, el único perdedor: el proletariado. El negocio del narcotráfico de hecho creció de manera exponencial justo cuando más “se le combatía”. El Estado, con todas las contradicciones internas que le provocaba la “guerra contra el narco”, finalmente lograba uno de sus objetivos más importantes; agazapar a la clase trabajadora, poniéndola en medio del fuego cruzado. Curiosa guerra donde los bandos formalmente enemigos estaban en última instancia aliados contra un tercero, al que realmente combatían con saña. Obligados por las circunstancias, el proletariado junto con sectores pequeño burgueses desplazados de la élite burguesa, entraron a la contienda con las propias reglas que le habían impuesto sus contrincantes, demostrando que también podían usar las armas y vencer. Fueron ellos los que acabaron con la estrategia del gobierno de utilizar al narco y al ejército como una fuerza conjunta para evitar la organización de los sectores más pobres del país. Les salió el tiro por la culata.

Todos sabemos que la detención del Chapo es un asunto mediático, no rompe con el fondo del negocio del tráfico de drogas, totalmente incrustado en la economía mexicana y en quienes la controlan. Ello significa que el efecto de violencia y decadencia que se cierne entre la población trabajadora seguirá estando presente. Lo más significativo de la aprensión de “El Chapo” es que el gobierno y el imperialismo norteamericano han reconocido la bancarrota de su campaña. Han tenido que hacer sacrificios y llegar a un “acuerdo” interno obligados por la acción de unos campesinos, trabajadores y pequeños propietarios que “no eran nada”, “no valían nada”, campesinos que ya no tenían nada que perder, “más que sus cadenas”. ¡He ahí la fuerza de la clase trabajadora organizada! …simultáneamente a la distribución del heroico Peña Nieto de la revista Times, el lunes 24 de febrero, los grupos de autodefensa en Michoacán celebraron con movilizaciones su primer año de existencia.

Año con año, el Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública (CEDEP) junto con la Fundación Federico Engels organizan la MINIFERIA DEL LIBRO MARXISTA en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En el primer cuatrimestre de este año 2014 se llevará a cabo del 18 al 20 de Febrero, de 9:00 a 15:00 hrs en la Explanada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Aquí encontraremos libros clásicos de las obras de Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Ilich -Lenin-, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Jorge Plejanov, entre otros. Estos libros (editados por la Fundación Federico Engels), junto con otros documentos, revistas de “Marxismo Hoy” y el periódico obrero “Militante, voz marxista de los trabajadores y la juventud” constituyen una colección o conjunto de las ideas más revolucionarias de la actualidad, tanto en las ciencias sociales como de la naturaleza misma, explicando las relaciones que existen entre los grupos humanos, la sociedad, el trabajo, las revoluciones, la historia, la cultura y cómo los trabajadores deben organizarse para acabar con la explotación y opresión de las clases dominantes.

En el marco de la Mini Feria, se tendrá una conferencia abierta a todo el público denominada: “Perspectivas para la juventud en México” donde se abordará la temática relacionada con las reformas más recientes de los ámbitos laboral, educativo, energético y fiscal, y el impacto negativo de estas contrarreformas en la economía popular y las condiciones sociales, las cuales afectan de manera grave y directa a los jóvenes, incluidos sin excepción los estudiantes a todos niveles -desde la instrucción básica hasta la universitaria-; la cita es el miércoles 19 de Febrero a las 12:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Biología (Edificio 112-A).

Este será un espacio para el debate y que permita la integración y organización de quienes creemos que una nueva sociedad es necesaria y se requiere la acción conjunta de jóvenes y trabajadores para frenar la actual política que no hace más que agudizar las precarias condiciones humanas.